Cuando estalló Conga
Ideeleradio.- Debo afrontar 100 procesos más, aseveró Gregorio Santos, excandidato presidencial por Democracia Directa, tras denunciar que estuvo 25 meses recluido sin que el Ministerio Público haya planteado en su momento una acusación para ver si su proceso llega a una etapa de juicio.
“Yo debo llevar 100 procesos más, y hay es mucho más sospechosa la situación, porque no hay autoridades que hayan sido auscultada y que hayan sido investigadas casi vulnerando la ley. Cada unidad es ejecutora es responsable de los actos que haga, de acuerdo a la Ley de Presupuesto, pero en mi caso me acusan de todo”, señaló en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“Al expresidente Alan García y a [Alejandro] Toledo no los pueden acusar y nos los están acusando por las obras que están ejecutadas, pero en mi caso me procesan porque la acusación la han concretizado en un tiempo contradictorio y general”, indicó.
Santos Guerrero indicó que la cacería y la intervención al Gobierno Regional de Cajamarca empezaron cuando estalló el conflicto por el proyecto minero Conga. Cuestionó, además, que el Ministerio Público plantee que hubo una organización criminal en ese gobierno subnacional.
“Se me acusa de haber dirigido una organización criminal gestada en el gobierno regional cuyo delito era ejecutar, transferir recursos públicos y licitar obras, y favoreció a determinado empresario a través de coimas, pero cuando el mismo fiscal acusa no encuentra cómo es que la estructura de un gobierno regional puede ser una organización criminal”, aseveró.
“La justicia peruana falla en la primera instancia, en la investigación preparatoria. La falla es de las personas que no tienen la formación técnica, doctrinaria y jurídica, terminan siendo ganados por presiones de tipo político y poder económico, porque se pide prisión preventiva sin analizar contextos, la realidad del investigado”, señaló.
Finalmente, refirió que hay casos emblemáticos en los que han primado la decisión política, tras lamentar el adelanto de opinión de Carlos Ramos Heredia y José Peláez Bardales, quienes se desempeñaron como fiscal de la Nación.