Cruz Silva - Ideeleradio
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Incertidumbre

Ideeleradio.- Hay situaciones que le dan incertidumbre a este proceso de selección de miembros de la nueva Junta Nacional de Justicia (JNJ), y por lo tanto, no le debería sorprender a la Comisión Especial que algunos de los postulantes o las organizaciones de sociedad civil presenten una demanda de amparo exigiendo que se retrotraiga el desarrollo del concurso, opinó Cruz Silva, coordinadora del Área Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“Entonces, hay diversas cosas que no se han conocido, no se sabe si se conocerá a tiempo y que ya han dado a este proceso de selección una incertidumbre que es meritoria de una acción legal. Que no le sorprenda lamentablemente a la Comisión Especial que se presente una demanda de amparo que exija que se retrotraigan las situaciones que están en este periodo de la segunda evaluación hacia tiempos atrás en donde se tenga que reforzar y reajustar las falencias que ha habido”, manifestó en diálogo con el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Silva del Carpio indicó, en ese sentido, que quienes podrían presentar estas acciones de garantía constitucional podrían ser los propios postulantes que muestren disconformidad frente a la forma cómo se ha desarrollado el concurso en sus diversas etapas. Anotó que el cuestionamiento legal también podría venir de organismos de la sociedad civil.

“En principio, quienes estén involucradas directamente en el proceso de selección, las personas que sean postulantes o que hayan sido retiradas del concurso, sin saber debidamente las razones o estén en disconformidad con la forma como se ha evaluado cada una de las evaluaciones —hasta el momento, la evaluación de conocimientos— pueden presentar una demanda de amparo en el sentido de que no han conocido las reglas enteras y los procesos de evaluación en el momento debido o que la decisión de la Comisión Especial ha sido indebidamente motivada”, explicó.

“Además también pueden presentar una demanda de esta naturaleza, los ciudadanos o las organizaciones de sociedad civil que trabajando en temas relacionados a lucha contra la corrupción o independencia del sistema de justicia o la sostenibilidad del Estado democrático de derecho o incluso las organizaciones que trabajan por derechos de las mujeres, pueblos indígenas, contra el crimen organizado, etcétera, pueden presentar una demanda de este tipo —en el sentido de que están legitimados— ya que lo que vaya a resultar en el proceso de selección los va a afectar directamente, ya que son población que buscan el acceso a la justicia legítima respecto de las causas y respecto de los temas que son materia de su fiscalización”, añadió.

La sociedad civil

La abogada del IDL remarcó, del mismo modo, la importancia de que la ciudadanía y la sociedad civil organizada pueda estar atenta al proceso que lleva adelante la Comisión Especial que preside la Defensoría del Pueblo.

“Ahí es la importancia de la participación y de la sociedad civil organizada para que presente de forma legítima [una demanda de amparo], y esto ya son cosas que han procedido anteriormente ante el Poder Judicial para reclamar que haya estándares importantes y garantías relevantes en este proceso de selección”, mencionó.

“Pasó en su momento, por ejemplo, con el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo que cuestionó a través de una demanda de amparo el proceso de elección. Entonces, esto lo puede presentar tanto la ciudadanía organizada como las personas directamente involucradas en el proceso”, añadió.

El reglamento y las bases

Silva del Carpio advirtió que uno de los desatinos de este proceso es que ni el reglamento ni las bases del concurso de la Comisión Especial pudieron ser mejorados antes de su publicación. Cuestionó, por ejemplo, que la evaluación curricular no sea también cualitativa.

“Una de las falencias que se ha demostrado en este proceso no solamente está la cero oportunidad de poder mejorar el reglamento y las bases del concurso que la Comisión Especial dirigida por el defensor del pueblo ha planteado, sino que además al revisar las bases del concurso y cómo se revisa o califica, por ejemplo, el curriculum vitae, lo que uno puede identificar es que la calificación es meramente cuantitativa, no hay una evaluación cualitativa de los méritos presentados”, señaló.

“Por ejemplo, no importa si es que tienes un artículo de investigación en una revista indexada que haya pasado por rigurosas evaluaciones, que entre ellas no solamente acredite que tienes un aporte importante sobre la materia que has investigado, sino que además no has cometido plagio, algo que ha sucedido en otros procesos de elección. Entonces, preocupa que el curriculum vitae solamente sea den puntajes por el paso del tiempo o por la cantidad de certificados presentados de capacitación o de sitios laborados, pero no hay ya una calificación cualitativa, que es un serio problema”, acotó.

Documento esenciales

Remarcó también que otro problema del proceso de selección está relacionado con la demora o la ausencia de publicación de información y documentos esenciales, aspectos que son no solo importantes para la ciudadanía, sino también para los propios postulantes, como lo mencionó la Misión Internacional de Observadores para la JNJ.

“Un postulante, si es que postula sin saber cuáles son los protocolos por los cuales se le va a evaluar, la prueba de conocimientos, el curriculum vitae y la entrevista personal va con incertidumbre y a someterse a reglas respecto de las cuales puede después no estar de acuerdo por la arbitrariedad con la que se vayan a evaluar esas pruebas que vaya a rendir, y nosotros los integrantes de la sociedad civil tampoco vamos a tener la oportunidad de poder aportar a esos protocolos que hagan de estas pruebas lo menos arbitraria posible”, expuso.

“En la evaluación de conocimientos, por ejemplo, lo que no se pudo saber es quiénes son las personas que aportaron a la evaluación, cuáles han sido las instituciones públicas o privadas que han sido convocadas para la elaboración de las pruebas, y tampoco se ha conocido cuál es el sistema de seguridad de la cadena de custodia para que no existan los problemas ya conocidos en otros concursos de la filtración de la prueba”, precisó.

Las tesis y los perfiles

La abogada recordó, finalmente, que los documentos que sustentan los perfiles de los postulantes recién fueron publicados el viernes 23 de agosto, pese a que la lista de los participantes se difundió el 15 de este mes. Dijo que, en el análisis preliminar, no se pudo encontrar las tesis que fundamentarían los títulos de los participantes ni el resumen general del perfil.

“En ese sentido, la ciudadanía no ha tenido tiempo de conocer debidamente cuáles son los méritos que los postulantes han presentado en este proceso de selección. Hay una acotación que quiero mencionar, y es que explorando las hojas de vida de la página web, uno puede encontrar muchos documentos referidos a postulaciones, a acreditaciones de conocimientos de capacitación, magister, pero lamentablemente, por ejemplo, no podemos encontrar las tesis que fundamentarían alguno de esos títulos”, advirtió.

“Y tampoco, de una primera exploración al azar que hemos hecho, se han podido identificar los curriculum vitae. Es decir, están los documentos adjuntos que sostienen ese curriculum vitae, pero no está el resumen del currículum para que uno pueda saber a cabalidad y de forma ordenada y esquemática cuáles son, por ejemplo, los trabajos a los cuales todos estos abogados y abogadas han asistido o a asesorías o patrocinios durante mínimamente el último año”, puntualizó.

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