Tribunal Constitucional - Juan Carlos Ruiz (Foto: Ideeleradio)
Tribunal Constitucional - Juan Carlos Ruiz (Foto: Ideeleradio)

 

Impacto en la salud

Ideeleradio.– La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el caso de los plaguicidas altamente tóxicos quiebra una inercia burocrática y obliga a las instituciones, incluido, los gobiernos locales a asumir responsabilidades frente a la fiscalización de estos productos, sostuvo Juan Carlos Ruiz Molleda, coordinador del Área de Pueblos Indígenas y Justicia Constitucional del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“Creo que es una sentencia importante, porque reconoce un estado de cosas inconstitucionales. ¿Qué significa?, que aquí hay una violación sistemática, masiva. El 80 % de lo que se consume en las grandes ciudades tiene estos plaguicidas, esto te da cuenta de que casi el 80 % de la población de este país consume eso, y se ve afectado en su salud”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Lo que hace la sentencia —en realidad, si tú la miras bien, en la parte resolutiva, que es amplia— es distribuir un poco responsabilidades, y crean una política pública para, por ejemplo, desarrollar capacidades y habilidades en los gobiernos locales para que fiscalicen. O sea, abre la cancha, no solamente es Senasa. Yo creo que lo que hace es que esta sentencia quiebra una inercia burocrática, porque acá todos sacaban cuerpo”, refirió.

Fallo del Tribunal Constitucional

En otro momento, el abogado del IDL recordó que esta demanda fue presentada en el 2021 y que llega al TC al perderse en dos instancias en el Poder Judicial. Resaltó que el máximo tribunal haya estado, en este caso, a la altura de las circunstancias.

“Esta demanda la perdimos en las dos primeras instancias por temas de forma, cosa que a mí no me sorprende, por formalismo, pero llega el TC vía un recurso de agravio constitucional, y el TC, en una audiencia muy importante de este año —en enero o febrero fue la audiencia— y hace dos o tres semanas salió está sentencia, que es muy importante”, refirió.

“Yo tengo muchas críticas al TC, las he dicho en público, pero en este caso tengo que reconocer que aquí el tribunal se ha comportado a la altura de las circunstancias.  Es una sentencia, no de pleno, sino de tres magistrados”, anotó.

Responsabilidades compartidas

Finalmente, Ruiz Molleda explicó que la sentencia suspende inicialmente la autorización de venta de cinco plaguicidas y ordena al Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa) reevaluar sus posibles efectos sobre la salud.

Mencionó que el TC identificó responsabilidades de los gobiernos locales en la fiscalización, pese a que carecen de personal especializado, preparación y laboratorios para cumplir con esta función.

“Esta sentencia, en principio, suspende la autorización de venta de estos productos. Segundo, le pide al Senasa que vuelva a evaluar si estos productos, de alguna manera, generan algún tipo de amenaza a la salud, a la integridad física, a la vida de las personas. Y, de acuerdo con eso, se les cancela o de repente se vuelve a autorizar su compraventa”, subrayó.

“También es importante porque en el transcurso del proceso, el foco estaba puesto en Senasa. Sin embargo, Senasa dice que a ellos no les toca fiscalizar, le toca fiscalizar también a los gobiernos locales, y ahí el TC descubre que, en realidad, los gobiernos locales no tienen la menor idea de esta obligación, además no tienen personal calificado, no están preparados, carecen de laboratorios”, acotó.

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