María Ysabel Cedano - Ideeleradio
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La indignación es total

Ideeleradio.- Estamos enfrentadas a un estado feminicida, a un Poder Judicial feminicida, en donde la impunidad campea, dijo María Ysabel Cedano, directora del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus).

Fue al comentar la sentencia absolutoria de Adriano Pozo en el caso de Arlette Contreras, y al hacer un análisis del contexto que se vive hoy a raíz de determinadas resoluciones del Estado en casos emblemáticos.

“La indignación es total. Estamos enfrentadas a un estado feminicida, a un Poder Judicial feminicida, a un país de violadores, en donde la impunidad campea, desde el indulto y la gracia presidencial [a Alberto Fujimori] hasta la sentencia absolutoria de Adriano Pozo. Ese es el contexto en que se da esta sentencia”, indicó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Cuestionó, en otro momento, que en este escenario se haya emitido declaraciones de aquellos que se oponen a que el feminicidio e intento de feminicidio sean contemplados como una figura penal.

“Es terrible que hayamos escuchado declaraciones de personas conservadoras que siempre se han opuesto, por muy abogados que sean, a que se sancione el feminicidio, que se haga un tipo penal y se considere delito. Desde el 2011, se sanciona que alguien te intente matar, porque estás en una relación de pareja, por razones machistas”, aseveró.

Testimonio debe considerarse

La directora de Demus enfatizó, al referirse al caso de Arlette Contreras, que es importante que la ciudadanía conozca que un testimonio verosímil y consistente debe ser valorado como prueba, porque es un derecho adquirido desde el 2005, por el acuerdo de la Corte Suprema.

“¿Por qué debe valorar el testimonio de la denunciante? Porque ella es la que está denunciando que la querían matar, que la quisieron violar. Ella no está denunciando lesiones o lesiones graves. Acordémonos que ya hubo un juicio contra Adriano Pozo, y que fue anulado, porque él fue condenado por lesiones leves, con pena irrisoria y desproporcionada”, aseveró.

“El testimonio de Arlette Contreras se apareja con un video. Se tiene que tomar el testimonio y valorarlo conjuntamente con otras pruebas, como son el video y las declaraciones de quienes intervinieron en ese momento. ¿Para qué te arrastran por el suelo para llevarte a un cuarto del cual ella había huido?”, se preguntó.

El caso

Subrayó, en general, que el Estado debería proteger a las mujeres del tipo de razonamiento y conducta en el que pareciera que se considera que la relación amorosa son una suerte de licencia para recibir agresión de una pareja. Enfatizó que los magistrados tienen que valorar el conjunto y el contexto en que se produce un caso, y que el testimonio de la agraviada no puede ser dejado de lado.

“Además, entre las pruebas que sí se han valorado -violando el principio de imparcialidad y objetividad- están las pruebas presentadas por Adriano Pozo, una treintena de testimonios, que lo único que hace es ratificar que se trataba de una relación de pareja. Es decir, ¿las relaciones de pareja les dan licencia a los hombres para que dañen, violen maten o intenten hacerlo? Eso es ilegal, es un ilícito”, indicó.

“Los problemas que hubieron de tipificación y que fueron resueltos, encaminándose en un nuevo juicio por tentativa de homicidio y violación no puede ser la escusa para que los magistrados, los jueces dejen de hacer su trabajo. En este caso no es así, el MP exigió los 19 años de condena sumando las penas de tentativa de violación y feminicidio”, apuntó.

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