Carlos Rivera - Delia Espinoza (Fotos: Ideeleradio)
Carlos Rivera - Delia Espinoza (Fotos: Ideeleradio)

 

No hay lícito

Ideeleradio.- La resolución del juez supremo de investigación preparatoria de la Corte Suprema, Juan Carlos Checkley, que archivó la denuncia constitucional presentada por el Congreso contra Delia Espinoza da cuenta de la acción abusiva y atropelladora del Parlamento, dijo Carlos Rivera, coordinador del Área Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“Creo que este dato, entiendo que es una resolución firmada por el juez supremo Checkley. Y, en realidad, lo que Checkley hace es decir aquí no hay ningún hecho delictivo, no hay no hay lícito alguno. Me parece que lo que Checkley verifica es la acción política abusiva del Congreso de la República”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Luego eso tendrá seguramente consecuencias a nivel constitucional en el sentido de que Delia Espinoza está inhabilitada en dos oportunidades, ya antes se anuló la inhabilitación”, acotó.

Como se recuerda, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema acogió un pedido de excepción de improcedencia de acción que presentó la defensa de Espinoza Valenzuela, caso en el que además el Legislativo dispuso la primera inhabilitación.

Delia Espinoza (Foto: Ideeleradio)
Delia Espinoza (Foto: Ideeleradio)

Contra varias personas

Rivera Paz subrayó que un dato importante de la resolución de Juan Carlos Checkley da cuenta de una acción abusiva del Congreso, que además ha ocurrido en contra de varias personas.

“No solo ha ocurrido en el caso de Delia Espinoza, ocurrió con varias personas, y que el Poder Judicial poco a poco está este resolviendo favorablemente. Lo mismo ha ocurrido en el caso de la acusación que se hizo contra Sagasti, contra Rubén Vargas, contra José Eliche. El Poder Judicial, también Checkley, dijo oye, aquí no hay hecho delictivo”, expuso.

“O sea, está dando cuenta de esa acción abusiva, atropelladora que tiene el Congreso de la República, y que da cuenta de una utilización absolutamente fuera de la ley, de la Constitución, de las atribuciones constitucionales de acusar a altos funcionarios”, añadió.

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