Maritza Quispe - Ideeleradio
Maritza Quispe - Ideeleradio

Privatización de la función policial

Ideeleradio.- Un conjunto de organizaciones iniciará un proceso de recolección de firmas para presentar una demanda de inconstitucionalidad en contra de las normas que permiten la firma de convenios de seguridad entre la Policía Nacional y las compañías mineras, anunció Maritza Quispe, abogada del Área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del IDL.

Ello luego de la preocupación expresada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  durante el 162 Período Extraordinario de Sesiones realizada en Argentina, en la que la CIDH señaló que la Policía no puede ser contratada por estas empresas, porque en un contexto de conflicto social, la fuerza pública va a proteger a quien le pagó.

“Se va a presentar una demanda de inconstitucionalidad justamente contra estas normas que privatizan la seguridad. Se van a recoger firmas, se va a presentar esta demanda porque creemos que estas normas buscan la privatización de la función policial en estos casos”, indicó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

La abogada consideró que esta situación genera un exceso de poder o abuso de autoridad por parte de la Policía Nacional, tal como ocurrió en el caso de la detención de la ciudadana canadiense Jennifer Moore, coordinadora de MiningWatch Canada, quien fue retenida cuando iba a comentar el documental “El fraude de Flin Flon”, acerca de los impactos de la empresa minera HudBay Minerals.

La demanda será presentada por el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, EarthRights International, y la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC).

Hay una grave violación del Estado peruano

Por su parte, Juliana Bravo, directora EarthRights International, expresó su preocupación por la situación que ocurre en el Perú con la firma de estos convenios, al considerar que podría generarse una criminalización de la protesta.

“A nosotros nos preocupa porque viola una cantidad de derechos humanos, y justamente las personas que son más afectadas como son los pueblos indígenas”, manifestó.

“La seguridad ciudadana es un derecho fundamental, y obviamente que un policía que representa la función pública de un país, [con estos convenios] está a favor de una minera, de una petrolera, de la empresa privada. Por eso decimos que aquí hay una grave violación del Estado peruano”, refirió.

Ambas abogadas expresaron su confianza en que la CIDH hará un seguimiento a esta situación y que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales y se elimine el marco normativo constitucional para que estos convenios dejen de existir.

Asimismo, pidieron que el Ministerio del Interior pueda brindar la información sobre los 112 convenios firmados entre la Policía Nacional y las compañías extractivas.

“Desde la sociedad civil, además hemos solicitado múltiples pedidos de información, hemos presentado un habeas data y estamos esperando que el Poder Judicial se pronuncie sobre esto”, puntualizó la integrante del IDL.

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