Carlos Rivera - Congreso (Foto: Ideeleradio)
Carlos Rivera - Congreso (Foto: Ideeleradio)

 

Ley proimpunidad

Ideeleradio.- La ley aprobada por el Congreso que modifica y amplía las competencias del fuero castrense y excluye a policías y militares de la justicia ordinaria es innecesaria y contraria a la Constitución, opinó Carlos Rivera Paz, coordinador del Área Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Fue al ser consultado por el pedido que formuló la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Estado peruano para que no se apruebe dicho proyecto de ley.

“El Congreso de la República en su quinta iniciativa de estas leyes proimpunidad termina aprobando dos cosas: una modificación del delito de función para incorporar asuntos que están completamente consabidos, pero sobre todo para hacer una precisión de que se va a consignar como delito de función las operaciones militares, en el caso de las Fuerzas Armadas, en estados de emergencia, y una cosa parecida respecto de la Policía Nacional”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“En realidad, son modificaciones, desde mi punto de vista, absolutamente innecesarias, pero a mí me parece que con esa suerte de ampliación o modificación al delito de función lo que se pretende es tratar de calzar algunas situaciones como las de las protestas sociales. De una manera yo diría casi perfecta encaja perfectamente”, añadió.

Inconstitucional

Cuestionó, asimismo, que la norma propuesta por el legislador plantee que los jueces ordinarios deberán archivar los casos contra las fuerzas del orden si es que ya existe un proceso dentro del fuero militar policial.

“Por otro lado, se genera una modificación del Código Procesal Penal en cuanto a la competencia de la Corte Suprema de la dirimencia de competencia. Es cierto, no dice la Suprema deja de dirimir esas competencias, pero dice: debiendo preferentemente resolver al fuero militar. Eso es una violación a la Constitución”, señaló.

“Ninguna norma legal le puede decir a ningún juez, menos a un juez de la Corte Suprema, en qué forma resuelve los asuntos jurisdiccionales. Cuando la ley dice debiendo preferentemente le está diciendo: oye resuelve de tal manera. Eso es una cosa abiertamente inconstitucional. Por lo tanto, es retornar a los 90, a los 80”, recordó

Llamado preocupante

En otro momento, el coordinador de Área Legal del IDL señaló que el llamado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es preocupante. Recordó que casos como El Frontón, Accomarca y La Cantuta fueron absueltos en el fuero militar.

“El llamado del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos me parece que es simplemente preocupante, porque están tomando en cuenta que el Congreso de la República ha emitido o ha aprobado una nueva ley básicamente para otorgar una nueva competencia al fuero militar para ver temas de derechos humanos. Un asunto que estaba resuelto desde noviembre del año 2004”, refirió.

“Entre los años 80-90, digamos, el fuero militar fue parte de un instrumento fundamental para la impunidad. Generaba contiendas de competencia ante el Poder Judicial y tenía una Corte Suprema complaciente que siempre dirimía a favor de la justicia militar. Los crímenes más horrendos la Suprema dijo que eran delitos de función. En el caso El Frontón, el caso Accomarca, el caso La Cantuta también fue derivado al fuero militar”, deploró.

Las protestas

Rivera Paz advirtió que esta iniciativa legislativa busca la impunidad para las casos en que las fuerzas del orden hayan hecho uso de la fuerza en las protestas sociales. Añadió que el fuero militar siempre fue una simulación para que policías y militares no sean juzgados.

“El fuero militar siempre fue una simulación. El grave problema. Eso se resuelve en noviembre del 2004 cuando, en un caso nuestro, el asesinato del joven Indalecio Pomatanta, ocurrido en Pucallpa en 1995, torturado, luego asesinado, quemado vivo el muchacho por miembros de la Marina. La Corte Suprema asume esa contienda de competencia y dirime, de una manera categórica, dice nunca más derechos humanos al fuero militar, solamente le corresponde delitos de función”, acotó.

“[¿Por qué ahora, terminando una legislatura, en el marco de una ampliación, quieren meter todo este paquete?] Las protestas sociales. Ese es el tema. Las de ayer, las que están produciéndose y las que se puedan producir. Las del año 2020, las del año 2022, las del año 2023 y las que puedan venir. Ese es el tema”, detalló.

Comisión por omisión

Recordó que, en términos generales, el Ministerio Público ha venido desarrollando en los casos de las protestas sociales una imputación basada en la figura penal de la comisión por omisión en el marco de los delitos de homicidio, lesiones graves, entre otros.

“La Fiscalía, desde Inti Bryan en adelante y, luego, en todos los casos de la protesta del 2022 y 2023, diseña una de imputación sobre los jefes policiales, y dice que los jefes policiales han cometido delitos de homicidio, lesiones graves y otros delitos bajo una modalidad de comisión por omisión, es decir, han omitido funciones constitucionales y deberes legales, han dejado de hacer algo y, por eso, tienen una responsabilidad de carácter criminal”, expuso.

“La modificación que se establece intenta forzadamente decir: también se va a considerar el delito de función cuando se omita algo. O sea, en realidad es innecesaria esa modificación, porque cuando tú defines un delito no es que dices el delito se va a cometer por comisión y por omisión. En realidad, eso es parte de la de la parte general del Derecho Penal”, detalló.

Quinta ley procrimen

Finalmente, subrayó que este proyecto es la quinta iniciativa de las leyes proimpunidad de crímenes contra los derechos humanos.

“Y se hace un contexto en el que en agosto del 2024 se dictó la ley de prescripción, en agosto del 25 se dictó la ley de amnistía. A inicios de este año, Rospigliosi presentó un proyecto casi de amnistía para los policías que habían hecho contingencias en protestas sociales y habían hecho uso de sus armas de fuego”, recordó.

“Y el cuarto elemento: en marzo se presentó un proyecto de tipificación del delito de crimen de lesa humanidad, un mamarracho verdadero, y, luego, sale esta norma del fuero militar. O sea, hay cinco iniciativas, en realidad, están pensando una suerte de modelo de legalidad en el que se favorece la impunidad de crímenes contra los derechos humanos”, denunció.

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