Carlos Rivera - Ideeleradio
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La posibilidad política

Ideeleradio.- El presidente de la República, Martín Vizcarra, debería anular el indulto concedido al exmandatario Alberto Fujimori y cumplir así con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), dijo Carlos Rivera, coordinador del Área Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Fue al referirse a la resolución de “supervisión de cumplimiento de sentencia” del Caso Barrios Altos y el Caso La Cantuta vs. Perú, en el que se señala que el Estado Peruano no ha cumplido a cabalidad sus obligaciones de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos, y que el indulto tiene que ser revisado por la justicia interna.

“De la lectura seria del documento no es posible concluir otra cosa que el repudio de la Corte al indulto, y la conclusión clara de que el indulto es una disposición contraria al derecho internacional. Creo que esos dos solos elementos podrían hacer concluir la necesidad y la posibilidad política y legal de anular el indulto”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Rivera Paz no descartó que el presidente tome una decisión antes de que se resuelva los recursos que interpongan los familiares de las víctimas, de manera que se dé cumplimiento a lo lo que dice la Corte IDH.

“Más allá de lo que nosotros podamos hacer, también mi conclusión es que el Estado podría tomar la decisión de anular el indulto. Sin duda alguna, el presidente de la República puede anular el indulto, totalmente. Yo invitaría al ministro de Justicia a que abra cualquier página de la resolución y va a encontrar varios elementos para anular el indulto”, apuntó.

Clara alternativa legal

Sin embargo, remarcó que para la defensa de los deudos es más clara la alternativa legal, que gira en torno a dos posibilidades: una acción de amparo ante un juez constitucional o un control de convencionalidad ante el vocal supremo de instrucción.

“Lo que queremos es tener una alternativa legal lo suficientemente clara en el sentido de lo que a nosotros nos corresponde que sería cuestionar la resolución del indulto, y nos parece que en el caso de la defensa de las víctimas esta tiene que ser una vía jurisdiccional”, declaró.

“Nos parece que apostar a una vía administrativa podría ser una suerte de moneda lanzada al aire. No queremos caer en la discrecionalidad política, sino abrir un camino de predictibilidad jurisdiccional sobre la base de estos argumentos”, puntualizó.

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