Katya Salazar - Ideeleradio
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Ideeleradio.- Las denuncias constitucionales emprendidas por la mayoría congresal contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y cuatro miembros del Tribunal Constitucional se basan en la incomodidad que le causan la actuación de ambas instituciones, afirmó Katya Salazar, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).

“Se puede justificar de mil maneras [las denuncias], como entiendo está ocurriendo aquí en el Perú, pero me parece que está muy claro que esta decisión de parte del Congreso, de proseguir con esta acusación constitucional, se basa en una incomodidad frente a esta autoridad judicial como es el fiscal de la Nación y como son los miembros del Tribunal Constitucional”, expresó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Salazar Luzula dijo que si bien la figura de juicio político existía en la mayoría de países de la región, estos debían contar con medidas que garanticen que no se distorsionen estos tipos de procesos.

“En la mayoría de países de la región existen normas en las constituciones que permiten el llamado juicio político a las altas autoridades, pero estas normas son el último recurso y, en segundo lugar, están protegidas por una serie de salvaguardas que deberían impedir que se ejecuten o se ejerciten simplemente porque al poder político no le gusta lo que está haciendo la autoridad, en este caso la alta autoridad judicial”, apuntó.

En esa línea, explicó que en algunos países se buscaba que cualquier iniciativa de juicio político esté respaldada por al menos dos instituciones, con el fin que cuente con la legitimidad debida.

“En algunos países lo que se considera necesario para la decisión de seguir adelante con una acusación constitucional, juicio político o impeachment tiene que provenir no solamente de una alta autoridad, como vendría a ser el Congreso, sino que por lo menos debería tener la opinión de dos instituciones más fuertes”, refirió.

“No se trata simplemente que una alta autoridad diga ‘mira a mí me parece que acá ha habido una violación de la Constitución’, sino que tiene que haber la coincidencia de dos altas autoridades para que esto se ejecute”, aseguró.

Como en Venezuela

La directora ejecutiva del DPLF no dudó en comparar la situación creada por el fujimorismo, acusando a dos instituciones autónomas, con el caso de la ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, quien fue destituida por la cuestionada Asamblea Constituyente.

“El ejemplo más reciente [similar a lo que está ocurriendo en el país] es la destitución de la fiscal general de Venezuela […] cuando empezó a levantar la voz, a cuestionar al gobierno de [Nicolás], Maduro […]. Ella había sido fiel al régimen por muchos años y de pronto empieza a cuestionar al régimen y la sacan”, anotó.

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