Aldo Vásquez - Congreso (Fotos: Ideeleradio)
Aldo Vásquez - Congreso (Fotos: Ideeleradio)

 

Desaparecer la JNJ

Ideeleradio.- Sacar una reforma judicial debajo de la manga no es el camino, sostuvo el exministro Aldo Vásquez, al considerar que la creación de una escuela nacional de justicia que tiene básicamente las facultades de la Junta Nacional de Justicia, pero con una composición igual a la del Consejo Nacional de la Magistratura no será suficiente para revertir la situación de provisionalidad.

Fue al ser consultado por la labor de la Comisión Especial de Alto Nivel Multipartidaria de Reforma Integral del Sistema de Administración de Justicia del Parlamento, que preside la legisladora Maricarmen Alva, que plantea reemplazar a la Junta Nacional de Justicia por una escuela nacional de justicia, que asumirá también las funciones de la Academia de la Magistratura.

“Entonces, sacar debajo de la manga una reforma constitucional no es, por supuesto, el camino. Y esa reforma constitucional, además, tiene unas características que pues difícilmente, pueden resultar satisfactorias para quienes seguimos la problemática del sistema de justicia”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“¿A qué me refiero? Lo que se plantea esencialmente es la creación de la escuela nacional de justicia. Yo, en principio, nunca he estado en desacuerdo con que haya una escuela nacional de justicia. He estado en desacuerdo con que se quisiera crear en su momento para desaparecer al colegiado de la Junta Nacional de Justicia”, apuntó.

Fortalecimiento de la AMAG

Vásquez Ríos consideró que más que una escuela nacional de justicia, lo que correspondería sería más bien el fortalecimiento de la Academia de la Magistratura (AMAG) para que cumpla las funciones de formación de jueces y fiscales.

“Lo que se imagina ahora en esta propuesta es una escuela nacional de justicia que, en realidad, tiene básicamente las facultades de la Junta Nacional de Justicia, pero con una composición igual a la del antiguo Consejo Nacional de la Magistratura o muy parecida, y peor aún, donde el presidente debe ser, según la propuesta que está colgada en internet, un representante de las universidades”, refirió.

“¿Sabe usted quién era el representante de las universidades privadas en el Consejo Nacional de la Magistratura? Era el apodado ‘doctor Rock’. Entonces, si los representantes de las universidades privadas van a ser como los que fueron, entonces ya imaginamos quién va a presidir. Y, además, designados todos los integrantes no por cinco años, sino por 10 años,”, añadió.

6000 magistrados

El expresidente de la JNJ se mostró escéptico respecto al argumento de que esta escuela nacional de justicia tendrá la capacidad de formar esos 6000 magistrados y resolver el tema de la provisionalidad.

“Por otra parte, hay la idea un tanto ingenua de suponer que la sola creación de la escuela nacional de justicia es suficiente para revertir la situación de provisionalidad, por ejemplo, de jueces y fiscales”, indicó.

“En este momento, en nuestro país hay alrededor de 1200 o 1300 jueces supernumerarios, es decir, que no son titulares, no forman parte de la carrera judicial. Y entre 4500 y 5000 fiscales que tampoco forman parte de la carrera fiscal. Es decir, que no son titulares. En total, pues, cerca de seis mil magistrados que deberían ser nombrados. ¿Alguna escuela nacional de justicia va a tener capacidad para formar esos 6000 magistrados? Por supuesto, nadie se lo ha planteado”, precisó.

Mencionó que, en el actual contexto en que se habla de la intención de copamiento político del sistema de justicia, es sospechoso que pretenda que los jueces y fiscales supremos se jubilen a los 75 y no los 70 años.

“Yo creo que, en realidad, de lo que se trata es fundamentalmente de prolongar la permanencia de los fiscales y de los jueces supremos que actualmente se jubilan a los 70 años según sus respectivas leyes orgánicas y ahora se quiere constitucionalizar el que se jubilen a los 75 años, lo cual supone, pues, un embudo, y taponea la posibilidad de desarrollo de las instancias inferiores, y eso resulta muy extraño cuando hay, pues, sospechas muy sólidas respecto a la intención de copamiento político de esas instancias”, declaró.

Política pública

Cuestionó, finalmente, que el Consejo para la Reforma del Sistema de Administración de Justicia no haya sido convocado por los gobiernos de Pedro Castillo ni de Dina Boluarte. Expuso que la única propuesta de reforma que alcanzó consenso fue la política pública de reforma del sistema de administración de justicia que se aprobó en el 2021.

“En el Perú, la única propuesta de reforma del sistema de administración de justicia que ha alcanzado un consenso significativo entre las instituciones y que ha tenido, pues, el largo debate y que se ha entroncado, además, con procesos anteriores es la política pública de reforma del sistema de administración de justicia que se aprobó en 2021 y que tiene nueve objetivos prioritarios y que tiene, además, plazos, que tiene responsables, que tiene financiamiento, pero que no se ha llevado adelante”, explicó.

“[No se llevó adelante] desgraciadamente por falta de liderazgo en las instituciones y no solo en las que conforman el sistema de administración de justicia, sino que, por supuesto, tanto el señor Castillo cuando ejerció la presidencia de la república como la señora Boluarte nunca convocaron o convocaron alguna vez solo para una foto al Consejo para la Reforma del Sistema de Administración de Justicia, y esa reforma sería una línea de continuidad con las propuestas que venían desde la Ceriajus a inicios del 2002”, puntualizó.

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