Álvaro Másquez - Tribunal Constitucional - Ideeleradio
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Hay una incongruencia

Ideeleradio.- Se ha pedido al Tribunal Constitucional (TC) que aclare la sentencia que emitió en relación a la demanda de inconstitucionalidad que cuestiona específicamente los convenios entre la Policía Nacional (PNP) y empresas extractivas, informó Álvaro Másquez, especialista del Área de Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Fue al señalar que dicho fallo reconoce en los fundamentos que los convenios afectan la independencia de la PNP y plantea determinados parámetros, pero no señala ningún mandato en la parte resolutiva.

“Se trata de una incongruencia de la sentencia. Y es por eso que el IDL y EarthRights International, en patrocinio del Colegio de Abogados de San Martín hemos pedido que nos aclare este extremo de la sentencia, porque en efecto tiene todo un razonamiento que logra encontrar soluciones al problema, establecer una serie de reglas y límites a la celebración de estos convenios en el campo extractivo, pero ello no se refleja en el fallo”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“En el fallo no encontramos que esas reglas que ha dictado sean finalmente dictadas hacia las entidades que han sido demandadas, en el caso concreto de la Policía y el Ministerio del Interior. Lo que buscamos es que el TC nos aclare si esta es una regla que va a colocar en el extremo final de la sentencia como mandato o no lo va a hacer”, apuntó.

Señaló que el TC menciona, por ejemplo, que las empresas extractivas en zonas de alta conflictividad social, antes  de  firmar  un  convenio  con  la  PNP,  deban  primero  agotar  todos  los  medios  para  contratar  servicios   de   seguridad   privada.

Cabe recordar que el pasado 26 de setiembre, el TC resolvió el caso de la prestación de servicios policiales extraordinarios en el Perú. Se trata de un proceso de inconstitucionalidad contra la sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N.° 1267 interpuesto por el Colegio de Abogados de San Martín con el patrocinio del IDL y EarthRights International.

La objetividad de la PNP

Másquez Salvador precisó que la demanda presentada cuestiona en concreto los servicios de seguridad privada que brinda la Policía a las empresas extractivas, en un contexto de conflicto social.

“En la demanda planteamos que los convenios entre la Policía e industrias extractivas son una herramienta para criminalizar la protesta social en el país. Y esto se ha planteado como una situación de hecho que el TC no puede dejar de observar como contexto para su análisis, y es por eso que se ha planteado cuáles son los efectos perniciosos que tiene un convenio en la práctica en una zona donde hay conflictos sociales”, explicó.

“El TC termina por identificar el mismo problema y señala que, en efecto, es un problema que puede comprometer la objetividad de los efectivos policiales en el campo. Y, además, de eso dice que como solución a este problema constitucional lo que ofrecemos es que se puedan establecer determinados parámetros. […] Establece una serie de reglas y límites a la celebración de estos convenios en el campo extractivo, pero ello no se refleja en el fallo”, apuntó.

El contexto

Finalmente, subrayó la posición de los demandantes en el sentido de que la prestación de estos servicios policiales extraordinarios a empresas extractivas no se ajustan a la Constitución.

“Los convenios no hay que tomarlos como una suerte de herramienta aislada que se usa en la práctica para afirmar los intereses de una empresa extractiva en la zona donde opera, sino que estos convenios se dan junto a estados de emergencia que no reúnen los requisitos que establece la Constitución para decretarlos”, declaró.

“Se dan en un contexto en el que se siguen publicando normas que atentan directamente con el derecho a la protesta de la gente, en particular de los miembros de las comunidades indígenas que protestan legítimamente por problemas sociales y ambientales vinculados a actividades mineras o de otro tipo”, acotó.

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