Juan Carlos Ruiz - Tribunal Constitucional - (Fotos: Ideeleradio - Andina)
Juan Carlos Ruiz - Tribunal Constitucional - (Fotos: Ideeleradio - Andina)

 

La demanda ya fue presentada

Ideeleradio.- Invocamos al presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Saravia, a darle mayor prioridad a la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra de las modificaciones a la Ley Forestal que fue aprobada por insistencia por el Congreso de la República, sostuvo Juan Carlos Ruiz Molleda, coordinador del Área de Pueblo Indígenas y Litigio Constitucional del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“La demanda [de inconstitucionalidad contra la ley antiforestal] ya fue ingresada al TC, y tiene 10 días el TC para admitirla. De ahí le da 30 días al Congreso para que conteste la demanda. Luego, tiene 10 días el TC para fijar audiencia para que las partes hagamos un informe, y 30 días para emitir sentencia. Más o menos, si se cumplen los plazos, hablamos dos o tres meses, aunque puede que el TC lo demore”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Invocaría al presidente del TC, Francisco Saravia, para que le dé la mayor prioridad a este caso. […] Quiero recordar que la jurisprudencia del TC es consistente en el sentido de que los recursos naturales son patrimonio de la nación, los bosques no pueden ser objeto de propiedad privada. Eso lo ha reiterado el TC; no puede decir ahora lo contrario”, refirió.

Sociedad civil

El abogado del IDL señaló que la demanda de inconstitucionalidad es fruto del trabajo de diversos colectivos e instituciones de la sociedad civil. Precisó, además, que el Colegio de Sociólogos de Lima está facultado por la Carta Magna para presentar dicha acción de garantía constitucional.

“Esta demanda [de inconstitucionalidad contra la ley antiforestal] es fruto de un trabajo colectivo de personas e instituciones de la sociedad civil, organizaciones indígenas, que somos más de 100 personas. La demanda formalmente la presenta el Colegio de Sociólogos, representado por Majed Velásquez”, mencionó.

“Si se mira la Constitución Política, no cualquiera puede presentar una demanda de inconstitucionalidad. La legitimidad está reservada para, por ejemplo, el fiscal de la nación, un número de congresistas, la Defensoría del Pueblo, cinco mil ciudadanos, y colegios profesionales. Entonces, Majed Velásquez, como [decano del] Colegio de Sociólogos, presenta la demanda, recogiendo el trabajo de un conjunto de instituciones de la sociedad civil”, apuntó.

La ley desregula

Ruiz Molleda recordó que en nuestro país hay un incremento de la deforestación y de las actividades ilegales en la Amazonía, y cuestionó que, en ese contexto, la ley aprobada por el Parlamento desregule el sector ambiental y forestal, y le quite brazos al Ministerio del Ambiente.

“Cada año en el Perú se deforestan más o menos 150 mil hectáreas, un poquito más de la mitad de Lima, para que uno imagine la cantidad de bosque. En el Perú la principal causa de los efectos de gas invernadero es por deforestación. Y la principal causa de la deforestación son actividades agropecuarias [en los bosques]. Hay un crecimiento de la deforestación, y un segundo elemento de contexto […] es que el Estado se está replegando, y este espacio está siendo llenado por grupos ilegales”, señaló.

“Esta norma [ley antiforestal] en realidad lo que hace es desregular el sector ambiental, el sector forestal, y ese espacio lo ocupa la minería ilegal, madereros, traficantes de tierra, cocaleros, narcotráfico, empresas de palma aceitera, y estos grupos están desplegando economías ilegales que están destruyendo tejido social. Esta norma que se ha aprobado lo que hace es desregular, alimenta ese repliegue [del Estado], le quita brazos al Ministerio del Ambiente”, agregó.

Patrimonio de la nación

El constitucionalista advirtió que lo que se pretende con la norma que ya fue publicada es que haya sectores que se puedan apropiar de los bosques, pese a que la Constitución, la Ley Forestal y la jurisprudencia del TC consideran que los territorios que tienen actitud forestal son patrimonio de la nación y no pueden ser objeto de propiedad privada.

“¿Se puede realizar actividades agrícolas y ganaderas en tierras que tienen actitud forestal, o sea que son bosques? Y la respuesta es no. La Constitución lo impide. El artículo 66 de la Constitución es muy claro. Los recursos naturales, los bosques son patrimonio de la nación, y al ser patrimonio de la nación, no pueden ser objeto de propiedad privada. El Tribunal Constitucional tiene una larga jurisprudencia y le denomina a eso la teoría del dominio eminencial: el Estado es propietario de estos territorios”, aseveró.

“Lo que se pretende acá [con la ley antiforestal] es apropiarse de esos bosques, pero eso está no solamente prohibido por la Ley Forestal. El artículo 37 de la Ley Forestal dice que no pueden entregarse propiedad de ningún tipo de derechos de bosques que tienen actitud forestal con o sin cobertura boscosa. […] Esa tierra no puede ser objeto de propiedad privada”, acotó.

Los procesos se caen

Opinó que la norma aprobada por el Parlamento genera impunidad porque legaliza todas las actividades ilegales que se están desarrollando en la Amazonía. Hizo hincapié en que nuestro Código Penal criminaliza no solo la tala ilegal, sino la comercialización de recursos forestales.

“En el Código Penal, en el artículo 310 hay varios tipos penales que criminalizan no solo la tala ilegal, sino la comercialización de estos recursos forestales. […] Acá hay procesos administrativos y penales contra las personas que vienen realizando estas conductas delictivas. Todos esos procesos administrativos y penales se caen. […] Esta ley genera, promueve impunidad. ¿Qué mensaje se le está enviando a la población? Ese es un elemento central”, explicó.

Finalmente, el coordinador del Área de Pueblo Indígenas y Litigio Constitucional del IDL subrayó que lo que dictaminó y aprobó el Legislativo debió haber sido sometido a consulta previa, pues se termina afectando a los pueblos indígenas.

“El segundo elemento, es el tema de pueblos indígenas, porque en la segunda disposición complementaria y transitoria hay una referencia expresa a comunidades campesinas y nativas. Esta norma en la medida que afecta a pueblos indígenas, debió haber sido consultada, y al no haber sido consultada hay un vicio de nulidad”, puntualizó.

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