Juan Carlos Ruiz - Ideeleradio
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Ideeleradio.- El caso Cuninico (Loreto) está marcando un precedente, pues el Poder Judicial ha realizado una audiencia de seguimiento a la ejecución de sentencia que ordena al Estado diseñar una política pública de emergencia en atención al daño que ocasionó el derrame de petróleo ocurrido el 2014, dijo Juan Carlos Ruiz, coordinador del Área de Pueblos Indígenas del IDL.

“En el caso Cuninico, se demostró que no era sabotaje, sino falta de mantenimiento, y lo reconoció la propia OEFA, que es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Hay una sentencia que ordena diseñar una política pública de emergencia en atención a los afectados. Hace dos semanas, el Poder Judicial ordenó la audiencia de ejecución de sentencia”, explicó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Hay muchos derrames, algunos son por sabotaje, otros son por falta de mantenimiento, pero yo creo que el caso Cuninico lo que está marcando es un precedente, no solo para el tema de los derrames, también para el tema de contaminación de comunidades por actividad minera. Chiriaco es el otro derrame, que ocurrió en el 2016 y está siguiendo el paso de Cuninico, que de alguna manera marca un antes y un después, cuando hay un derrame”, aseveró.

Ruiz Molleda consideró, en otro momento, que de lo que se trata es de armonizar la actividad extractiva con el derecho de los pueblos indígenas o al medioambiente, todos considerados como un bien jurídico.

“No solo hay que proteger el derecho de los pueblos indígenas o el medioambiente, también hay que proteger la política energética, la libertad de empresa, la libertad de negocio, la libertad de industria. La actividad extractiva también es un bien jurídico que hay que proteger. No se trata de proteger uno, la solución que da el ordenamiento jurídico es armonizar”, declaró.

“Estoy convencido que el principal enemigo de la actividad extractiva no son los pueblos, es el propio Estado. En el caso de los derrames, la mitad o quizás un poco menos son producto de la falta de mantenimiento, y eso es responsabilidad de Petroperú, pero también de Osinergmin y del Estado que no fiscaliza”, manifestó.

 

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