Cruz Silva - Parlamento (Foto: Ideeleradio - Andina)
Cruz Silva - Parlamento (Foto: Ideeleradio - Andina)

 

Lo más objetivo

Ideeleradio.- Hay graves problemas en el reglamento para la selección de miembros del Tribunal Constitucional (TC) como el de la imposibilidad de tachar a un exmagistrado participante en base a las sentencias o dictámenes que haya emitido, dijo Cruz Silva, coordinadora del Área Justicia Viva del IDL, tras cuestionar el peso de la entrevista pública y la ausencia de un protocolo sobre los tipos de preguntas que se formularán.

“Hay otros dos graves problemas del reglamento que ya se cerró. Uno que es básico, todo ciudadano tiene el derecho de criticar las sentencias de sus jueces y sus fiscales. Ese es un principio jurisdiccional de acuerdo a nuestra Constitución y las tachas que son la única vía que el reglamento está concediendo a la participación ciudadana en este procedimiento dice en su artículo que no se puede cuestionar las sentencias como contenido de las tachas ciudadanas”, advirtió en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[Se plantea esto] cuando las sentencias y las decisiones fiscales de posibles exjueces y exfiscales participantes del concurso son lo más objetivo que se puede visibilizar sobre su desempeño, y eso en este momento está prohibido”, reclamó.

Peso de la entrevista

Silva del Carpio comentó que las partes principales de evaluación son el currículo y la entrevista pública, aunque consideró que no se puede dejar de mirar otras etapas que también son relevantes.

“Ya están los pesos en el reglamento. Definitivamente las etapas principales de evaluación son el currículo y la entrevista pública. […] La entrevista pública sigue teniendo un peso alto. Me parece que ha quedado en 60 y 40, 40 para la entrevista misma. Antes era peor, estaba al revés 70-30”, señaló.

“Hay otras etapas también relevantes que son claves, no obstante, no significar un peso evaluativo, pero sí cancelador del procedimiento […] la lista de postulantes aptos, como por ejemplo las observaciones que vaya a hacer la Contraloría sobre las declaraciones juradas de los participantes que pasan las tachas y lo central está relacionado con currículo y la entrevista pública”, agregó.

Tipos de preguntas

La abogada del IDL consideró, asimismo, que la comisión especial del Congreso debería contar con un protocolo sobre los tipos de preguntas a realizar en la entrevista pública. Advirtió que puede darse la posibilidad de que eso afecte el desenlace de contar con un Tribunal Constitucional justo e idóneo.

“Igual sigue siendo un poco desproporcionado, pero lo cierto es que la entrevista tiene que tener un reglamento o un protocolo de qué tipos de preguntas realizar y cómo esas preguntas van a pesar en la valoración de cada congresista”, manifestó.

“El reglamento señala que las entrevistas van a servir para saber si el candidato o la candidata sabe la materia que indica saber, cómo se conduce, cuál es su compromiso, su trayectoria democrática, su idoneidad moral, pero no solo el peso ha sido un punto de cuestionamiento, sino que hay dos cosas claves que si es que no se modifican y se ajustan en el camino lamentablemente nos van a llevar a que haya un margen amplio de que los intereses que están mirando a esta selección, intereses privados, puedan hacer a un lado el interés público de un TC justo e idóneo”, apuntó.

Idoneidad y motivación

Finalmente, hizo hincapié en que hay requisitos que son considerados como criterio de idoneidad moral cuando deberían ser más bien definitorios sobre  si un postulante es apto o no. Mencionó que otro aspecto a revisar es el de la motivación de los puntajes.

“La entrevista pública tiene también el criterio de la idoneidad moral. Parte del problema es que el reglamento indica que para evaluar la idoneidad moral los congresistas van a tener que ver si hay sentencia por delito doloso, si es que están inscritos en el registro de deudores alimentarios, pero eso son requisitos para ser un postulante apto no de idoneidad moral. Ese es un criterio que se tiene que ampliar a la luz de normas y del perfil que tiene el propio reglamento”, declaró.

“Lo segundo es que tanto en el currículo como la entrevista pública cada congresista pone su puntaje, y en la entrevista cada congresista tiene que motivar por qué pone esa [puntuación en la] entrevista, pero ¿dónde está el peligro? Al momento de que esas nueve notas de los nueve congresistas se pasen a una, lo único que hace la presidencia de la comisión es una sumatoria de los puntajes, no va a tener en cuenta la motivación de cada una. No hay un espacio de debate según el reglamento”, puntualizó.

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