Luis Vargas Valdivia - Ideeleradio
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15 años como mínimo

Ideeleradio.- Si las investigaciones llegarán a establecer que el exjefe del Servicio de Gastroenterología del hospital Loayza, Carlos Moreno, incurrió en el presunto delito de colusión, podría recibir una pena que va entre los 15 y 22 años de prisión, estimó el exprocurador Luis Vargas Valdivia.

Fue al comentar las declaraciones del exministro Óscar Ugarte, quien dijo que “los audios y las transcripciones revelan que ya había un negociado por las tarifas que el Seguro Integral de Salud (SIS)”, pues para una endoscopía, el SIS le pagaba 360 soles al Servicio de Gastroenterología del Loayza, cuatro veces más de lo regular.

“Si él ha sido denunciado por malversación quiere decir que sí tiene manejo de presupuesto. No sé si de todo el hospital, pero al menos de todo este departamento. Si es así, quiere decir que sí está en facultad para suscribir contratos y convenios. Esos contratos y convenios –si es que los ha suscrito– tendrían que investigarse, porque si finalmente se logra establecer que en esos contratos ha habido colusión, ahí la pena se va hasta 15 años [de cárcel]”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Si es que se logra acreditar que hay colusión, 15 años como mínimo, porque acuérdate que sumamos penas. Si se logra acreditar que hay colusión y sumamos penas [aplicando las normas vigentes], la pena podría ir hasta 22 años, porque 15 más la mitad (siete años y medio) son 22 años y medio”, precisó.

Cabe precisar que Carlos Moreno fue denunciado ante la fiscalía por siete delitos, entre ellos colusión, tráfico de influencias y asociación ilícita para delinquir. La investigación estará a cargo del tercer despacho de la Primera Fiscalía Anticorrupción, en el que despacha la magistrada Janis Sánchez Porturas.

Investiguen su gestión en Gastroenterología

Vargas Valdivia sostuvo que la situación del exconsejero se puede agravar si se comprueba que al departamento de Gastroenterología, el SIS le pagaba cuatro veces más de lo que se le daba a cualquier otra prestadora del mismo servicio. Recomendó, por ello, investigar si tenía la facultad de suscribir contratos y convenios.

“Acuérdate que él tiene un cargo en el hospital Loayza. Habría que examinar si él en razón de ese cargo ha participado activamente en algún contrato o negocio que haya vinculado al hospital Loayza, porque él en otras cosas dice: ‘yo me voy a preocupar de no reparar las máquinas para mandar los pacientes allá’”, recordó.

“Por la forma en que narra los hechos queda claro que él ya tiene una experiencia, entrecomillas, en este tema; con lo cual hay que investigar también su actuación en el cargo, […] porque además él era jefe del departamento de Gastroenterología”, mencionó.

Reincidencia y reiterancia

En otro momento, el ex procurador precisó los agravantes que perjudicarían la situación de Carlos Moreno: la reincidencia y la reiterancia. Sumado a esto, el exabogado del Estado agregó que también es un agravante el ejercer una conducta que perjudica a los más pobres del país.

“Tendría dos agravantes: uno, la reincidencia porque ha sido condenado recientemente; y dos, la reiterancia, aquel que comete sistemáticamente delitos. La diferencia es que en el reincidente sí hay condena y en el reiterante no.  Y el otro agravante sería que esa conducta perjudica a los más débiles de la sociedad, a los pobres”, aseveró.

El caso del audio

El abogado dijo que en el caso estricto de lo que se menciona en el audio, se podría configurar los presuntos delitos: corrupción de funcionarios, negociación incompatible y, posiblemente, asociación ilícita para delinquir.

“Tenemos corrupción de funcionarios que va una pena de hasta ocho años. Yo creo que también podrían entrar negociación incompatible, que sanciona al funcionario público que se interesa en contratos en los que interviene por razón del cargo. ¿Él como consejero está  propiciando la tercerización del SIS a entidades privadas? Sí, como parte de la política del Estado para ampliar la cobertura del sistema de salud hacia los más pobres”, refirió.

“Hay que diferenciar este delito [de negociación incompatible] del delito de colusión. En el delito de colusión es el funcionario quien interviene en un contrato representando al Estado, eso es más específico, que no es el caso [en lo que se conoce del audio]”, indicó.

La sumatoria de penas

Finalmente, recodó que por las modificaciones al Código Penal, las penas se suman hasta la mitad del máximo de la sanción prevista, cuando se trata de la presunta comisión de más de un delito. Detalló, asimismo, los elementos que lo llevarían a sostener que se configuraría un caso de asociación ilícita.

“Yo creo que aquí también habría asociación ilícita para delinquir, porque lo que está haciendo es montar una organización para actividades delictivas, claro por eso él dice: ‘yo ya tengo a mi gente’ […] Él no está vendiendo influencias, él lo que está haciendo es convocar a gente para empezar un negocio. Eso tiene una pena mayor”, refirió.

“La ventaja que tiene el Código Penal desde el año 2003 es que al modificarse se suman las penas. Ahora las penas se suman hasta la mitad del máximo de la pena prevista. Si en corrupción la pena de ocho años, que creo que es el delito más grave, podría ir hasta 12 años de pena privativa de libertad, porque tiene varios actos delictivos”, concluyó.