Congreso del Perú - Ideeleradio - Foto-Andina
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Lo han hecho otros países

Ideeleradio.- Entiendo que el fujimorismo y algunos sectores de la población de Perú se niegan a despenalizar los delitos de expresión y difamación, pero ya es hora de que una sociedad madura y democrática como la peruana analiza medidas a ese respecto, dijo el relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza.

“Entiendo que hay una rémora [negativa] del fujimorismo, de la ‘prensa chicha’ y muchos sectores de la población en Perú que se niegan a despenalizar los delitos de expresión, pero creo que ya es hora de que una sociedad madura y democrática como la peruana siga el camino de otros países de la región”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Argentina, Uruguay, El Salvador, Jamaica y ahora México han despenalizado el delito de difamación e injuria. Entonces, deberían [en Perú] estudiar medidas legislativas al respecto”, precisó.

Jueces deben respetar la libertad de expresión

En otro momento, indicó que los operadores de justicia deben respetar la libertad de expresión que está consagrada en la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos. Señaló que en los casos de conflicto entre la libertad de expresión y el honor siempre tienen que privilegiar el primero.

“Los operadores de justicia deben entender que los temas, las informaciones y opiniones de interés público tienen una protección reforzada por parte del derecho a libertad de expresión, consagrada en la Constitución [del Perú] y en la Convención Americana de Derechos Humanos”, subrayó.

“Por lo tanto, cada vez que interpreten un conflicto entre libertad de expresión y el honor, sobre un tema de interés público, como pueden ser la  corrupción, críticas sobre la gestión de gobierno, derechos humanos, deben interpretar prevaleciendo la libertad de expresión”, estimó.

Los funcionarios deben soportar las críticas

Finalmente, precisó que los funcionarios y servidores públicos deben soportar las críticas y las ofensas en vez de recurrir a denunciar a los periodistas por delitos de difamación y contra el honor.

“En el debate público siempre hay expresiones fuertes, ofensivas, pero cuando se trata de funcionarios públicos, legisladores, ministros, presidentes, tienen que soportar una crítica mayor”, acotó.

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