Milagros Samillán (Foto: Ideeleradio)
Milagros Samillán (Foto: Ideeleradio)

 

¿Cómo vamos a defendernos?

Ideeleradio.- La Ley 32301, que modifica las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), es un ataque no solo a las organizaciones no gubernamentales (ONG), es a los que pedimos justicia, advirtió Milagros Samillán, vocera de la Organización Nacional de Familiares de las Víctimas de las protestas sociales 2022-2023.

“No podemos defendernos. Cuando llaman a declarar no tenemos abogados, porque los abogados simplemente ya no pueden trabajar, porque están siendo amenazados, también las ONG con multas altas, donde ya decide no poder darnos los abogados”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Entonces, ¿cómo vamos a defendernos?, pero si el Estado puede pagar a los abogados a Dina Boluarte, sí puede pagar a Otárola, para que ellos sí se defiendan, incluso nos hagan estas preguntas que nos revictimizan una vez más y manchan la imagen de nuestros seres queridos. Es un ataque no solo a las ONG, es a los que nos violaron los derechos humanos, a los que nos quitaron nuestros seres queridos y a los que pedimos justicia”, añadió.

Sin recursos económicos

Subrayó que los deudos de los heridos y asesinados durante las protestas del 2022 y 2023 no tienen recursos económicos para contratar a un abogado que les permita contar con asesoría legal durante las diligencias que programa el Ministerio Público.

“No tenemos, nos han quitado los abogados porque han prohibido que las ONG nos den abogados para poder defendernos. [¿Eso cuánto les perjudica?] bastante”, enfatizó.

“Entonces, para eso nosotros tenemos que pagar individualmente a un abogado para que nos defienda, pero muchos de los familiares no tienen economía, son de recursos muy incluso muchos de los familiares dependían de los hijos que asesinaron el Estado”, puntualizó.

Investigación fiscal

Cuestionó, finalmente, la actuación inicial que tuvo el Ministerio Público cuando empezó las investigaciones de las muertes ocurridas en Puno el 9 de enero del 2023, incluso hasta la fecha en que se desactivó el Equipo Especial para casos con víctimas durante las protestas sociales (Eficavip).

“Desde el inicio, nosotros hemos sentido este rechazo de la justicia, este rechazo de la capital, porque en Juliaca nos han cambiado siete veces de fiscales. El primer mes ellos han investigado como han querido, nunca han llamado a los familiares, para ese entonces no teníamos abogados”, recordó.

“Después de eso trasladaron todas las carpetas desde la región de Puno y diferentes regiones a la capital, sin consultar, sin ver que los familiares no tenían economía para viajar a Lima. Y en muchas de las audiencias llegando a Lima se les decía a los familiares que se suspendió la audiencia, que ya no iban a declarar, después de haber hecho el recorrido de 24 horas”, acotó.

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