Miguel Jugo - Ideeleradio
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Ningún procesado

Ideeleradio.- La investigación fiscal respecto a las muertes ocurridas en las protestas es bastante débil y deficiente, estimó Miguel Jugo, secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), tras cuestionar que las carpetas hayan sido trasladadas, en su momento, de las regiones a Lima, al Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (Eficavip).

“En principio, decir que el tema de la investigación fiscal es bastante deficiente y hay una situación muy clara de modificación permanente de fiscales. Un tema que nosotros siempre hemos cuestionado es que las carpetas fiscales, es decir, los expedientes estén en Lima y quien los conduzca sean fiscales que están en Lima”, dijo en diálogo con Ideeleradio.

“Y, entonces, para hacer las diligencias se tienen que trasladar a las regiones y, otras como, por ejemplo, en noviembre se hizo visualización y se notificó a los abogados que están en Puno que tenían que viajar a Lima para aquí verlas, hacer las visualizaciones. Entonces, eso aparte de encarecer el proceso, aleja las víctimas del proceso. Entonces, en principio nosotros estamos muy en desacuerdo como se está haciendo a nivel de Fiscalía”, añadió.

Jugo Viera cuestionó, en ese sentido, que el avance de la investigación sea bastante débil, porque a la fecha ninguna persona está procesada por lo ocurrido en las manifestaciones que comenzaron el 7 de diciembre, en que se registraron 50 muertos.

“Por lo demás, todo está en déficit, entendiendo que, por ejemplo, en el tema judicial lo que se ha avanzado es bastante débil. Por ejemplo, básicamente lo que se ha logrado en estos casi 10 u 11 meses de investigación son identificar a algunas personas, algunos ejecutores materiales de los hechos; sin embargo, ninguna persona en este momento está procesada, todo está en investigación”, explicó.

La denuncia constitucional

En otro momento, comentó la denuncia constitucional que presentó la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra la mandataria Dina Boluarte, el jefe del Gabinete, Alberto Otárola, y tres exministros por este caso.

“Y recientemente hemos tenido el tema de esta denuncia que ha hecho la fiscal contra Dina Boluarte y Alberto Otárola, que más parece una vendetta que una real acción judicial. […] Como todas estas personas —como se dice comúnmente— son aforados, es decir, el Congreso es el que va a determinar si continúa la Fiscalía en la investigación, yo lo que creo es que por la mayoría que existe allí, esto en primer lugar va a caminar con pies de plomo”, advirtió.

“En segundo lugar, hasta la fecha, la comisión si bien ha recepcionado la denuncia, no hay ningún señalamiento de abocamiento a la investigación, etcétera. Y ocurrirá seguramente, pues como ocurrió con el caso del 14N del 2020, que fue la investigación contra los ministros de Manuel Merino y el propio Manuel Merino, yo creo que no van a dar paso a una investigación”, agregó.

Atención médica y psicológica

Por otra parte, el secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) mencionó la recomendación que formuló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el sentido de que se provea “atención médica inmediata e integral a las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familias, tanto médica especializada como psicológica”.

“En los lugares donde se produjeron los hechos no existía la capacidad de atención a las víctimas en la gravedad que tenían, muchos de ellos tuvieron que ser trasladados a Lima, otros de Puno a Arequipa. En esa misma línea de cosas, la atención ha sido muy dura respecto inclusive a aquellos que han sufrido situaciones de discriminación, no han sido atendidos convenientemente”, relató.

“Nosotros como equipo de la Secretaría de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos hemos atendido a 400 personas heridas, inclusive dentro de estas personas heridas hemos atendido a tres policías, y esa situación obviamente señala que la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no ha sido ejecutada como era conveniente”, puntualizó.

Indicó, del mismo modo, que no hay una adecuada atención psicológica para los deudos de los fallecidos o los heridos durante las movilizaciones.

“Si la persona se siente mal, se siente deprimida, etcétera va a esos [establecimientos de salud o servicios públicos], pero no hay ninguna atención especial a las víctimas de estas manifestaciones de diciembre del año pasado y enero de este año en el ámbito de atención psicológica, en salud mental”, precisó.

Compensación

Finalmente, se refirió a la recomendación de la CIDH que plantea que “se debe adoptar medidas de reparación integral para las víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas sociales”.

“Diría que, a mi juicio, la única recomendación que ha ejecutado [el Estado] es la que señaló que de alguna manera habría que ir compensando a las víctimas y a sus familiares. Eso es lo único que se ha hecho con un grupo de víctimas mortales y un pequeño grupo de heridos”, expuso.

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