Cruz Silva - Ideeleradio
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Medidas de protección

Ideeleradio.- Hemos solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que exija al Estado peruano adoptar medidas concretas que garanticen el trabajo de los periodistas, policías y fiscales que investigan los casos de corrupción en el sistema de justicia, sostuvo la coordinadora del programa Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL), Cruz Silva del Carpio.

“Hemos hecho cinco peticiones directas a la CIDH. En resumen le solicitamos que pueda pedir un informe al Estado respecto de las medidas que se han adoptado para que se garantice el trabajo de los periodistas de investigación, pero también de policías, fiscales y de ciertos funcionarios públicos que investiguen actos de corrupción”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Me refiero al trabajo de las fiscales que han impulsado esta investigación en el sistema de justicia, como  Rocío Sánchez y Sandra Castro, para que se le pueda garantizar el continuar con su trabajo y no puedan ser removidas del cargo, ya que es una preocupación que tiene la sociedad civil”, manifestó.

En ese sentido, la abogada del IDL reveló que se ha solicitado al Estado, informes sobre las medidas adoptadas para garantizar la independencia del Ministerio Público.

“También se ha solicitado que el Estado otorgue informes sobre las medidas que están adoptando para proteger la independencia del Ministerio Público y de la Fiscalía de la Nación, haciendo una referencia a la situación del fiscal Pedro Chávarry”, subrayó.

Informe 2018

En otro momento, Silva del Carpio adelantó que también han solicitado que se informe sobre las medidas adoptadas desde el Congreso para combatir la corrupción en el sistema de justicia y esperan que todas estas peticiones sean recogidas por dicha instancia internacional en su próximo informe anual 2018.

“Hemos solicitado que el Estado informe sobre cuáles son las medidas en general y en particular se llevan a cabo para que no haya impunidad, y esto hace referencia a qué es lo que está haciendo el Congreso para que esta red sea sancionada debidamente frente a lo que ya hemos visto frente al blindaje de la Comisión Permanente en relación a la red de corrupción del juez César Hinostroza y de los otros cuatro exconsejeros”, afirmó.

“Hemos pedido que el informe 2018 se integre este tema también. De esto, lo que la CIDH puede realizar es hacer efectivos estos pedidos al Estado, el cual está obligado en un tiempo razonable de poder hacer llegar a la CIDH los informes de estos temas. Estamos seguros que estos pedidos van a estar en el informe y posteriormente hay que hacer seguimiento a lo que el Estado responda, porque esto lo relaciona en sus obligaciones internacionales ante la CIDH”, acotó.

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