Carlos Rivera - Manuel Merino (Fotos: Ideeleradio - Andina)
Carlos Rivera - Manuel Merino (Fotos: Ideeleradio - Andina)

 

No ocurriría pronto

Ideeleradio.- La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debería priorizar la denuncia constitucional que presentó la Fiscalía de la Nación contra Manuel Merino, el expresidente del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Aráoz y el exministro del Interior, Gastón Rodríguez, planteó Carlos Rivera, coordinador del Área Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“Ojalá que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde ha llegado el documento, determine un nivel de prioridad sobre este caso [la denuncia constitucional], justamente porque hay muchas fuerzas [bancadas] que han declarado su compromiso con los intereses de las mayorías y del pueblo en general”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Creo que se les debe tomar la palabra, y esa palabra va porque esa Subcomisión priorice el caso, enliste en los primeros lugares el caso, designe rápidamente a un congresista para que elabore el informe preliminar y se abra una discusión donde Merino, Flores-Aráoz y Rodríguez Limo puedan ejercer su derecho a la defensa. Eso sería lo correcto. Ahora, tengo la sospecha de que es probable que eso no necesariamente ocurra pronto”, dijo.

Como se sabe, el día de ayer, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó una denuncia constitucional contra Manuel Merino; el expremier Ántero Flores-Aráoz, y el exministro del Interior, Gastón Rodríguez, por el caso Inti Sotelo y Bryan Pintado.

Altos funcionarios

Rivera Paz recordó que el 15 de noviembre del 2020, el Ministerio Público tomó la decisión de abrir una investigación frente a los acontecimientos ocurridos días previos. Explicó que hay altos funcionarios que están siendo investigados en la Fiscalía de la Nación, y que el caso de los ex mandos policiales está bajo la competencia de la Fiscalía de Derechos Humanos.

“En consecuencia, de esa inicial investigación, el Ministerio Público determinó que había altos funcionarios comprendidos en el artículo de 99 de la Constitución que estaban involucrados, por lo tanto, la Fiscalía de la Nación es la instancia a la cual le corresponde el inicio de investigación sobre estos altos funcionarios, presidente de la República y ministros de Estado, en este caso Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez”, acotó.

El coordinador del Área Legal del IDL indicó que la investigación a cargo del Ministerio Público ha sido prolija y tiene múltiples elementos de convicción.

“Hemos llegado a un momento en el que, tras más de 10 meses de investigación, yo diría de una prolija investigación, la Fiscalía tiene múltiples elementos de convicción y de prueba, que dan cuenta que los sucesos ocurrieron, de que hay pruebas suficientes que acreditan, la comisión de los hechos y que determinan que no fueron hechos accidentales, sino que fueron hechos estrictamente delictivos”, añadió.

Debería aprobarse

El abogado del IDL consideró que el Parlamento debería aprobar la denuncia constitucional. Explicó que la Fiscalía de la Nación no está imputando en este caso responsabilidades políticas, sino de carácter penal, sobre la base de que los exministros tuvieron el poder y la autoridad legal y constitucional para evitar el desenlace, y no lo hicieron.

“A unos se les está imputando tener la posibilidad de controlar los hechos y no lo hicieron, a pesar de que había un uso desproporcionado de la fuerza [en la respuesta a las manifestaciones de noviembre] y que esto debía ser controlado”, refirió.

[…] Hay un hecho sobresaliente, la mañana del día viernes 13 de diciembre, con un primer ministro [Ántero Flores-Aráoz] y ministro del Interior [Gastón Rodríguez] yéndose al local de la Séptima Región Policial de Lima a felicitar a los efectivos policiales, es decir a dar un respaldo explícito. Esa es la imputación y el Congreso debería aprobar esta denuncia constitucional”, agregó.

Hasta 20 años

En otro momento, el abogado del IDL indicó que en la hipótesis de que se aprobase la denuncia constitucional, de que sean sometidos a un proceso y se les encontrara responsabilidad penal a todos los investigados, las penas podrían ir desde los seis a veinte años.

“El Ministerio Público en el caso de los altos funcionarios ha cumplido su tarea de recopilar evidencias. Y de ahí lo que ha hecho es hacer una valoración para determinar una imputación y eso es lo que ha procedido. Y ahora el camino es un camino político”, señaló.

“En el caso de que fueran sometidos a un proceso judicial, como creo que corresponde y, se les encontrara responsabilidad penal como consecuencia de un juicio, van a tener la misma calidad y la misma intensidad de las penas de los autores materiales […] Ahí la ley penal no hace ningún distingo. […] [Podría ser una pena] entre seis y veinte años”, apuntó.

Es un caso importante

Finalmente, dijo que la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos contra Manuel Merino y otros altos funcionarios marca un hito importante en el desarrollo de la investigación.

“Lo de ayer me parece muy importante, porque marca un hito en el desarrollo de la investigación, determina que los elementos de información y de conocimiento que tenía el Ministerio Público hasta hace algún tiempo han sido superados largamente”, mencionó.

“Y ahora ya el Ministerio Público tiene algunas convicciones fundamentales sobre la comisión de los hechos y sobre la responsabilidad de las personas sobre las cuales está solicitándose que se acuse constitucionalmente”, subrayó.

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