Tiene nombre y apellido
Ideeleradio.- El proyecto de ley del Poder Ejecutivo que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal es claramente inconstitucional, sostuvo el exmagistrado del Tribunal Constitucional (TC), Eloy Espinosa-Saldaña, tras sostener que esta norma tiene “nombre y apellido”.
Fue al comentar el proyecto de ley 02508/2021-PE, presentado por el Poder Ejecutivo, que ha generado cuestionamientos desde la Defensoría del Pueblo y diversas organizaciones y gremios periodísticos.
“[El proyecto del Ejecutivo que penaliza la difusión de información reservada en investigación penal] es claramente una ley inconstitucional y no es la primera asonada de este tipo. Recordemos que la Comisión de Justicia quiso sacar una ley que, con el pretexto de la colaboración eficaz, ponía mudos, sordos y ciegos a una serie de actores involucrados”, indicó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“Ya de alguna manera a nivel administrativo para los miembros de las fuerzas armadas y fuerzas policiales hay una serie de normas con respecto a la reserva de la información. Seamos claros, esta norma tiene nombre y apellido, es que los periodistas no puedan mantener la reserva de sus fuentes, porque sus fuentes corren el riesgo de perder el cargo y ponerse a riesgo para otras situaciones más. Es así de claro”, afirmó.
Refirió, asimismo, que es probable que el proyecto de ley que será visto, en su momento, en el Pleno del Parlamento tenga el respaldo de muchos legisladores.
“Aunque la norma habla al final de un actor determinado, creo que lamentablemente no solamente van a haber voces favorables desde el Gobierno, sino voces favorables desde el Congreso, porque hay muchos congresistas que tienen techo de vidrio y una norma como esta les convendría muchísimo”, advirtió.
Una prueba de fuego
En otro momento, el exmagistrado señaló que esta norma será una prueba de fuego para el actual Tribunal Constitucional, si el proyecto tiene el respaldo de varias bancadas del Congreso.
“No me cabe la menor duda que esta norma va a tener muchos votos en el Congreso, y lo más probable es que se apruebe y creo que va a ser una prueba de fuego para mis sucesores en el TC”, enfatizó.
Espinosa-Saldaña explicó que la norma podría ser analizada en el TC si es que actores como la Defensoría del Pueblo, un grupo ciudadano o los colegios profesionales presentan una demanda de inconstitucionalidad.
“[Esta ley va a terminar en el TC, porque] tienes otros actores que pueden presentar una demanda de inconstitucional. La Defensoría del Pueblo ha sido actora de demandas de inconstitucionalidad y no importa que sea un defensor encargado. Cuando Walter Albán era defensor encargado llevó demandas de inconstitucionalidad. Un grupo de ciudadanos corriendo firmas o un colegio profesional puede llevar una demanda de inconstitucionalidad”, aseveró.
“En el Congreso no vas a revertir esta norma. En el Congreso vas a encontrar probablemente muchos amigos y amigas de esta norma, pero no son los únicos legitimados para presentar una demanda de inconstitucionalidad”, acotó.
Oportunidad de oro
El exintegrante del TC consideró, finalmente, que hay un espacio muy amplio para que cualquier colegio profesional pueda presentar, en su momento, una demanda de inconstitucionalidad.
“Yo creo que aquí hay una oportunidad de oro para que algún colegio profesional asuma el reto de presentar la demanda ante una ley que es manifiestamente inconstitucional, y ahí veremos cómo se pronuncian nuestros sucesores. Ahí hay un espacio muy amplio de cualquier colegio profesional puede presentar una demanda de inconstitucionalidad, y hay hasta un número de ciudadanos que recolectando firmas lo pueden hacer”, manifestó.
“O sea no es porque el presidente esté comprometido y los congresistas comprometidos, la discusión de una demanda de inconstitucional acaba. Hay otros actores que pueden y deben —creo yo— en este caso asumir el plantear esto directamente como una discusión ante el Tribunal Constitucional”, recalcó.
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