Tribunal Constitucional - Ideeleradio.
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La explicación no ha llegado

Ideeleradio. – Al igual que la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas ha pedido explicaciones al Estado peruano por la acusación que tramita el Congreso contra los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), pero aún no hemos recibido una respuesta, dijo Diego García Sayán, titular de dicha relatoría de la ONU.
“[¿Por qué no hay mecanismos internacionales que puedan actuar antes frente a esta violación de la independencia judicial?] El tema es que estas cosas ocurren en trámites internos que muchas veces no merecen la atención internacional, porque los actores internos no lo manifiestan. En este caso, sí lo habido”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Ha habido preocupación expresada por la CIDH y la Corte IDH, el relator especial, en mi caso [como relator la ONU], me he dirigido al gobierno del Perú junto a otros relatores pidiendo una explicación. Esa explicación no ha llegado”, declaró.

Gobierno se ha puesto de perfil

Cuestionó, en ese sentido, que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se haya puesto de perfil frente al problema y no defienda la estabilidad democrática, sobre todo cuando los analistas señalan la posibilidad de una vacancia, que podría ser dilucidada por el TC.

“Y el otro detalle que tenemos es que este asunto que atañe a la estabilidad democrática, al equilibrio de poderes, a los contrapesos y a la propia viabilidad del gobierno acorralado de PPK, cuyo gobierno ha optado por el silencio y se ha puesto de perfil, [ha dicho] que ese no es su problema, pobrecitos, cuando sí debería ser su problema porque está en juego la estabilidad democrática”, acotó.

Como se sabe, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales resolverá en aproximadamente un mes la denuncia contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) por emitir un nuevo fallo sobre el caso El Frontón, que lo declara como delito de lesa humanidad.

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