Helio Cruz - Ideeleradio
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El TC

Ideeleradio.- Confiamos en que el Poder Judicial hará una valoración idónea de la demanda de amparo que busca fortalecer el derecho a la protesta, y esperamos que nos den la razón en los términos que la hemos planteado, dijo Helio Cruz, abogado de Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) de Cusco, quien no descartó la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional (TC).

Fue al referirse a la demanda que presentaron, ante el Juzgado Civil Especializado de la Corte Superior de Justicia de Puno, Félix Suasaca, secretario general de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales, Metaloides y otras Sustancias Químicas Tóxicas, y Salvador Merma, secretario general de la Federación Departamental de Campesinos del Cusco (FDCC).

“Hay todavía toda una ruta por seguir. Esperemos que en primera instancia [en el Poder Judicial] nos den la razón en los términos que hemos planteado, pero claro, las posibilidades son abiertas. En el caso que nosotros logremos una sentencia favorable, el Estado va a apelar, el Estado no se va a quedar de brazos cruzados negándose a esa continua y sistemática violación de derechos humanos. Y claro está, si el caso amerita y se abren las puertas del Tribunal Constitucional, acudiremos a él a través de los mecanismos ya legalmente establecidos”, manifestó en diálogo con Ideeleradio.

“Todavía queremos esperar este proceso en primera instancia. Queremos ver cómo va a desarrollarse. De pronto tenemos confianza en que el Poder Judicial haga una evaluación, una valoración idónea, correcta respecto de aquello que estamos planteando y respecto de lo que las entidades públicas emplazadas puedan también responder frente a nuestra demanda”, apuntó.

Cabe precisar que quienes suscriben la demanda son las y los abogados del Instituto de Defensa Legal (IDL), Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF), Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) y un grupo de abogados y abogadas independientes.

Los plazos

Cruz Chuchullo consideró, en ese sentido, que lo ideal es que en 30 días el juez emita la resolución de admisibilidad y corra traslado de la demanda a las instituciones que están siendo emplazadas, en este caso a la Presidencia del Perú, la Presidencia del Congreso y la Presidencia del Consejo de Ministros.

“Los plazos los establece ya el texto del Código Procesal Constitucional. Sin embargo, hemos visto, por la experiencia que tenemos las instituciones en estos mecanismos, que siempre se extienden. Lo ideal es que en 30 días el juez emita la resolución de admisibilidad de esta demanda y corra traslado hacia las instituciones que están siendo emplazadas para que respondan sobre la vulneración sistemática del derecho a la protesta y con la protesta, otros derechos que tiene que ver con la libertad de opinión, de reunión, de asociación”, señaló.

“Luego de que cada una de estas instituciones conteste la demanda, y el juez pueda convocar a todas las partes procesales para exponer el informe jurídico, luego debería salir la sentencia; así de rápido. Sin embargo, entendemos y vemos también con mucha preocupación que a veces, cuando se busca tutela urgente es el Poder Judicial el que demora, pero este es un mecanismo democrático”, acotó.

Tiene que ser tutelado

El abogado indicó que la demanda busca fortalecer y tutelar, en primer lugar, el derecho a la protesta como un derecho humano y fundamental. Dijo que espera que el Poder Judicial, vía amparo, cite a las autoridades del Ejecutivo y el Congreso a fin de que puedan responder y se pueda debatir los términos del derecho a la protesta.

“Me parece que esto es importante porque las organizaciones sociales en esta última movilización en julio salen por eso también, porque se mantenga vigente que el derecho a la protesta es un derecho humano que tenemos los ciudadanos ciudadanas para ejercer frente a una situación arbitraria, frente a una situación injusta”, explicó.

“Entonces, por esa razón el derecho a la protesta tiene que ser tutelado, el derecho a la protesta no puede ser manejado al libre antojo del Gobierno, señalando que esta constituye delito. Entonces, intentamos con ello retroceder estas aspiraciones que tiene el Gobierno de criminalizar la protesta social, estas aspiraciones de convertir en delito el hecho de participar en una movilización social que, claro está, tiene que tener ciertas características para que constituya un derecho fundamental o un derecho humano”, precisó.

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