Cruz Silva - Ideeleradio
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Se visibiliza la problemática

Ideeleradio.– Es importante que la Defensoría del Pueblo haya planteado al Ministerio Público que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad funcione en Condorcanqui, en la sede de Santa María de Nieva, y que, asimismo, haya recomendado evaluar la creación de despachos ambientales en dicha provincia, dijo Cruz Silva del Carpio, coordinadora del Área Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Fue al referirse al oficio 316 – 2023-DP/OD AMAZ que remite la Jefatura de la Oficina Defensorial de Amazonas a la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Amazonas, en un contexto en que se registra un alto nivel de criminalidad vinculada a delitos ambientales y ataques, riesgos o amenazas dirigidas a defensores indígenas o ambientales en la provincia de Condorcanqui, en Amazonas.

“La Defensoría del Pueblo tiene como funciones supervisar los servicios del Estado y uno de ellos es, por supuesto, el servicio de administración de justicia. En esa oportunidad ha hecho una visita al Ministerio Público y ha identificado serias falencias en relación a las condiciones, los materiales y el personal que da el servicio, sobre todo teniendo en cuenta que esta zona tiene un alto porcentaje de presencia de población indígena y también de alto porcentaje de presuntos delitos relacionados con minería ilegal, con tala ilegal”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Teniendo en cuenta eso y la necesidad en el actual escenario que vive el país que está relacionado también justamente en una crisis de derechos humanos, es que la Defensoría identifica todas estas serias falencias e indica que es necesario realizar y ejecutar algunas recomendaciones que plantea como, por ejemplo, aumentar el nivel de personal fiscal, el nivel de personal administrativo, entre otros importantes planteamientos, y le da 20 días hábiles al Ministerio Público para que pueda informar sobre lo que se hace con estas recomendaciones”, apuntó.

Necesidad de especialización

Silva del Carpio subrayó, en ese sentido la necesidad de que haya una especialización en el trabajo del Ministerio Público, al referirse a la recomendación de la Defensoría que sugiere capacitar al personal fiscal y administrativo del distrito fiscal de Amazonas, sobre la observancia y aplicación del “Protocolo de Actuación Fiscal para la Prevención e Investigación de los delitos en agravio de Personas Defensoras de Derechos Humanos”.

“Es sumamente importante lo que aconseja la Defensoría en tanto que visibiliza la necesidad de especialización del Ministerio Público y que no necesariamente se toma en cuenta al momento de, por ejemplo, destinar plazas y presupuestos para la plazas sobre lo que requiere el sistema de justicia en zonas del país, como las que nos referimos [Condorcanqui] y que sobre todo tiene un alto índice de presencia de población indígena”, refirió.

“En ese sentido, no solamente es importante tener la especialidad medioambiental en la zona, sino también fiscalías de derechos humanos con realmente esa perspectivas de trabajo, que significa diversos principios, desde ya no solamente criterios de carga y descarga procesal, sino, sobre todo, protección a las personas que denuncian este tipo de crímenes, que pueden estar también relacionados con corrupción, pero fundamentalmente la protección a estos denunciantes y a estos líderes indígenas que son también defensores de derechos humanos y defensores de la naturaleza”, detalló.

Fiscalías ambientales

La abogada comentó, del mismo modo, otra de las recomendaciones formuladas a la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Amazonas referidas a “evaluar, disponer y/o coordinar, la creación de despachos ambientales en la provincia de Condorcanqui debido al alto índice de criminalidad vinculado a delitos ambientales como la minería y tala ilegal”.

“[La recomendación de una fiscalía especializada en materia ambiental para Condorcanqui] está focalizada en la realidad de la incidencia de los posibles crímenes que suceden en este espacio territorial”, explicó.

“Justamente [la Defensoría] identifica que es conocida la zona de incidencia de crimen presuntamente relacionado con la minería ilegal y la tala ilegal, que está vinculada directamente no solamente a la materia medioambiental sino, por supuesto, a la materia de derechos humanos, teniendo en cuenta que esta zona se encuentra mayoritariamente poblada por poblaciones en situación de vulnerabilidad, como son los pueblos indígenas”, añadió.

La territorialidad

Finalmente, la coordinadora del Área de Justicia Viva señaló que es central el planteamiento de territorialidad que hace la Defensoría respecto al momento en que se define la política pública de acceso a la justicia.

“Entonces, no solamente tenemos lo que es la ausencia de recursos, sino sobre todo la necesidad de la especialización, la capacitación y que los espacios estatales de acceso a la justicia estén más cerca de donde se necesitan, teniendo en cuenta, sobre todo también de que estos espacios territoriales necesitan, por ejemplo, la cercanía —teniendo en cuenta la amplitud del mismo— para que las personas que vayan en su momento a necesitar el apoyo de la justicia puedan rápidamente acceder a estos locales y oficinas del Ministerio Público”, manifestó.

“El planteamiento de la Defensoría respecto a la territorialidad es central para que se tenga en cuenta la política pública de acceso a la justicia que, lamentablemente, no se suele tener en cuenta. Por lo general, es cuánto personal titular, cuánto personal no titular existe, si es están presupuestadas las plazas, pero no necesariamente eso se traduce en que el personal capacitado en la debida cantidad está en los espacios territoriales donde se necesita”, concluyó.

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