Antonio Maldonado - Junta Nacional de Justicia (Fotos: Ideeleradio - Andina)
Antonio Maldonado - Junta Nacional de Justicia (Fotos: Ideeleradio - Andina)

 

Quieren capturar la JNJ

Ideeleradio.- Hay un ataque del Congreso contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ), y este es un acto arbitrario e ilegal contrario al derecho, pues los hechos que se le imputan como causa grave carecen de veracidad y de fundamento jurídico, sostuvo el exprocurador Antonio Maldonado.

Fue al ser consultado por la decisión de la Comisión Permanente del Congreso que aprobó el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que propone acusar a siete miembros de la JNJ por presunta infracción a la Constitución e inhabilitarlos por 10 años en el ejercicio de la función pública.

“Habíamos señalado que el Congreso no había cejado en sus intentos y propósitos de atacar a la Junta Nacional de Justicia. Esa es la palabra. [Lo que hace el Congreso] es atacar a la Junta Nacional de Justicia. Este es un acto arbitrario e ilegal contrario al derecho, tanto el derecho nacional como el derecho internacional. Es un proceso que no tiene soporte fáctico”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Los hechos que se le imputan como causa grave a la JNJ carecen de veracidad, y además carece de fundamento jurídico. El objetivo final es capturar la Junta Nacional de Justicia por vía de la destitución de sus actuales miembros. Y, bueno, como hemos visto, acá hay una estrategia muy bien pensada, muy bien articulada, que consiste en una estrategia con doble táctica, es decir una que se implemente en el Congreso y otra que se implementa a través del Tribunal Constitucional”, añadió.

No le interesa un comino

Maldonado Paredes subrayó, en ese sentido, que la actuación del Parlamento no es un acto negligente. Advirtió que al Poder Legislativo no le interesa un comino que tras la destitución parcial o total de la JNJ se termine afectando la evaluación de los fiscales o el proceso de ratificación de los jefes de la Onpe y del Reniec.

“Entonces, estamos ante un acto no casual. No es un acto negligente. No se trata de que al Congreso le preocupe que, al destituir a la JNJ, las funciones principales de la JNJ de ratificar a los jefes de los organismos electorales, etcétera, la evaluación de los fiscales se afecten. Eso le interesa un comino al Congreso”, indicó.

“Ese es un supuesto equivocado, porque si estuviéramos ante ese supuesto estaríamos ante un supuesto de error del Congreso, un supuesto de negligencia, un supuesto de infracción de un deber constitucional. Y ese no es el supuesto ante el que estamos. Hay que ser claros, no hay que ser ingenuos”, agregó.

Advirtió, en ese sentido, que lo existe es un “propósito doloso” para capturar a una institución autónoma del Estado y lograr el control del sistema de administración de justicia.

“El propósito es doloso, es capturar a una institución autónoma del Estado, y con esa captura lograr el control del sistema de administración de justicia, en un contexto en el que […] los dueños de los principales partidos que están ahora articulando este complot —hay que decirlo— que ni siquiera alcanza a ser político, sino abiertamente mafioso, están procesados con juicios en diferentes estadios o momentos procesales, el más próximo el de la señora Keiko Fujimori. Entonces, ese es el tema”, indicó.

Debería denunciar

El exprocurador consideró, asimismo, que estamos ante un grave estado de cosas inconstitucional. Estimó que los actos que se van a terminar de consumar desde el Congreso no son actos naturalmente políticos, sino serían “actos con contenido delictivo”. Por ello, planteó la posibilidad de que el Ministerio Público plantee denuncias.

“Son actos con contenido delictivo, y, por tanto, el fiscal de la nación si tuviera, digamos, la fuerza institucional y la entereza para hacerlo, debiera como se dice —entre comillas en el argot judicial— compulsar copias de lo discutido y formular las denuncias penales correspondientes, porque estas denuncias penales se refieren a conductas que califican delitos dentro de nuestro precario ordenamiento jurídico”, opinó.

“Digo precario, porque realmente la realidad que nos presenta estas conductas es mucho más compleja y difícil de encuadrar, pero no obstante se puede hacer un análisis jurídico de contexto y encuadrar estas conductas en diversos tipos penales a los efectos de denunciar a todos estos personajes por no solo infracciones constitucionales, sino la comisión de delitos porque, además, está probado —por lo menos hasta ahora — que hubo un intercambio de favores entre los miembros del Congreso que van a votar el día que voten, excepto los de la Comisión Permanente, se supone”, puntualizó.

Relatoría de la ONU

Finalmente, recordó que la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, envió una carta al gobierno de la presidenta Dina Boluarte para expresar su preocupación por los intentos del Congreso de remover al pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por supuestas “faltas graves”.

“Y esto ya había sido expresado como una preocupación formal de un órgano internacional, de un procedimiento especial de la Organización de las Naciones Unidas, que es la Relatoría de las Naciones Unidas sobre independencia y abogados”, mencionó.

“En efecto, Margaret Satterthwaite, en su comunicación del 18 de septiembre del 2023, dirigida a la presidenta, le había expresado a su excelencia, entre comillas, que el Congreso estaba llevando a cabo un conjunto de iniciativas de ley, acusaciones constitucionales y ataques dirigidos a las autoridades judiciales y de la justicia electoral en el Perú, que podrían afectar la independencia de jueces, fiscales etcétera, y también integrantes de los organismos electorales”, sostuvo.

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