Antonio Maldonado - Ideeleradio
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Ideeleradio.- Me parece que la decisión de la ministra de Justicia,  Marisol Pérez Tello, de retirar de su cargo a la procuradora Katherine Ampuero y a la abogada Julia Príncipe ha sido acertada y se encuentra fundamentada en argumentos jurídicos sólidos, afirmó el exprocurador Antonio Maldonado.

Fue al comentar la decisión de la titular de Justicia de retirar de su cargo a la procuradora y a la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, tras  la postura que se adoptó en relación con el proyecto Olmos, de Lambayeque

“Haciendo una valoración integral de los hechos y pronunciándome sobre el fondo, me parece que la decisión de la ministra de Justicia ha sido acertada. Es una decisión que está fundamentada en argumentos institucionales y jurídicos sólidos”, indicó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio. 

“No creo que estemos frente a una situación de interferencia indebida o de arbitrariedad o favoritismo en un escenario en el cual que todo el mundo duda de todo el mundo”, manifestó.

El abogado actúa en virtud del cliente 

El exprocurador sostuvo que se ha observado una serie de desencuentros entre la defensa del Estado y el Poder Ejecutivo. Sin embargo, manifestó que no observa que haya habido una injerencia indebida en este caso.

“El estándar que se aplica a la relación Estado, por medio del Poder Ejecutivo y sus abogados, es un estándar de autonomía relativa y no absoluta. Es la misma relación que hay entre un abogado y su cliente”, declaró.

“El abogado no puede hacer lo que estime pertinente, sino en virtud de lo que el cliente lo considere y establece para su mejor defensa, y en virtud de la mejor manera los intereses del cliente”, sostuvo.

Decreto 033 era el marco lógico 

Al respecto, Maldonado Paredes recordó que dicha crisis se genera a raíz de la medida de inhibición solicitada por la procuradora ad hoc, Katherine  Ampuero, y que fue acogida por el juez Richard Concepción Carhuancho, que impide que Odebrecht venda sus activos en el proyecto Olmos.

“Esta medida de inhibición es una medida de carácter general, procesal, pero para el caso concreto de la gran corrupción de Odebrecht, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto de Urgencia  033- 2017 que establece un marco de actuación del Estado en este tipo de casos. Este marco lógico  puede  no ser perfecto,  pero era aceptado por todos como un esquema de tratamiento adecuado a esta situación particular de la corrupción de Odebrecht”, argumentó.

“Este es una marco lógico, que evidentemente se veía desvirtuado y marcaba una colisión entre esta solicitud de inhibición con el planteamiento como política de Estado establecida mediante este decreto de urgencia”, explicó.

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