Aidesep: El Congreso debe fiscalizar el cumplimiento de las normas que protegen a los PIACI

Progresivo y no regresivo

Ideeleradio.- El Congreso de la República, a través de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, debe establecer mecanismos de fiscalización para que las entidades del Estado cumplan con las normas que protegen a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI), sostuvo Rocío Trujillo, asesora legal de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

“El Congreso tiene un rol fundamental. De ahí que es importante que la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, de Ambiente y Ecología, por ejemplo, establezca mecanismos de fiscalización frente a autoridades, ya sea gobiernos locales, ya sea gobiernos regionales, pero también a los ministerios que no quieren cumplir este marco normativo que establece un régimen de protección, pero también que establece un régimen para el reconocimiento y la categorización en este caso de las reservas indígenas”, dijo en diálogo con Ideeleradio.

Trujillo Solís mencionó el rol legislativo del Parlamento, pero apuntó que las normas deberían tener un carácter progresivo y no regresivo en materia de derechos de los pueblos originarios. Por ello, apuntó que es importante que existan mecanismo de participación de organizaciones representativa.

“De ahí que es muy importante que el Congreso, y en este caso, la Comisión de Pueblos también pueda establecer un mecanismo de participación de organizaciones representativas en las reuniones, en las audiencias, en las mesas de trabajo, que se puedan crear a fin de proteger a dichos pueblos, pero además también de generar en todo caso, normas o leyes, pero que sea en favor, que no sean regresivas, como este proyecto de ley 3518/2022-CR”, anotó.

“Entonces, consideramos que en este caso el Congreso tiene un rol de creación de normas también, pero que sean respetando el principio de progresividad y no regresividad. Consideramos que, también, no nos encontramos en un contexto ideal del Congreso donde en efecto se puedan generar este tipo de normas, pero, por otro lado, determinados congresistas que sí han mostrado, por ejemplo, que tienen esa voluntad política y, además, un cumplimiento de este marco jurídico de respetar estos derechos, generar también espacios de difusión, espacios de fiscalización, espacios también de mesas técnicas de trabajo. No solamente el Congreso, el Ejecutivo”, agregó.

Proyectos de ley

La abogada advirtió que las amenazas contra la existencia de los PIACI podrían continuar, pues hay la posibilidad de que en el Congreso se presenten otros proyectos de ley que violen los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento.

“Como Aidesep nosotros presentamos una demanda de amparo contra el proyecto de ley 3518 /2022-CR, que, si bien fue archivado, consideramos que es importante que el Poder Judicial se pronuncie para que no salgan proyectos de ley que, de alguna forma, mantengan ese contenido atentatorio contra los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento”, indicó.

“Y, por lo tanto, es importante que el Poder Judicial se pronuncie sobre el fondo para que, además, cualquier medida legislativa que se pretenda en todo caso emitir en el Congreso tiene que pasar por un proceso de consulta a las organizaciones representativas de pueblos indígenas”, anotó.

Mecanismo de consulta

Recordó, del mismo modo, que el Convenio 169, vigente desde que fue ratificado por el Perú en el año 1995, señala de manera clara que el Estado debe consultar cada vez que se establezcan medidas administrativas o legislativas.

“Lamentablemente el Congreso viene omitiendo esa obligación. No hay ahorita un mecanismo de consulta de los proyectos de ley, y por eso vemos que no solamente es el proyecto de ley 3518 /2022-CR, que era completamente atentatorio contra los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento, sino también vemos un paquete legislativo que va en contra de los derechos y que lamentablemente no se está respetando la consulta”, afirmó.

“Es por ello que como Aidesep presentamos una acción constitucional que, en primera instancia, fue declarada improcedente, apelamos y esperamos que, en este caso, la sala con mayor criterio pueda establecer un precedente para que no se repitan estos hechos”, puntualizó.