Ronald Gamarra - Ideeleradio
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Control constitucional

Ideeleradio.- El caso de la ejecución extrajudicial de seis personas en el distrito de Pativilca, provincia de Barranca, puede llegar incluso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), pero eso dependerá de lo que decida la Sala Penal Nacional, afirmó el exprocurador Ronald Gamarra.

Fue al comentar la decisión que adoptará la Sala Penal Nacional de definir si aplican el reciente derecho de gracia concedido al ex presidente Alberto Fujimori y lo sustraen del caso o rechazan este beneficio y ordenan su procesamiento.

“El derecho de gracia, como lo ha dicho el propio Tribunal Constitucional, sí puede ser objeto de control constitucional por los jueces constitucionales, por los penales que están viendo el caso en específico y pueden hacer control de convencionalidad y de constitucionalidad y, finalmente, por el propio Tribunal Constitucional”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Además, dependiendo de lo que decida la Sala Penal Nacional sobre el caso Pativilca se puede llegar al Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos y, finalmente, a una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su momento”, manifestó.

Como se recuerda, la Sala Penal Nacional (SPN) se reunirá el próximo 26 de enero, en el marco de una audiencia de control de acusación, para evaluar el derrotero del proceso que se inició a Alberto Fujimori por este caso.

Inaplicable derecho de gracia

El exprocuador dijo que es muy probable que la Sala Penal Nacional se pronuncie a favor de la inaplicación del derecho de gracia y que, por tanto, dicho caso continúe investigándose. Enfatizó que se trata del derecho a la verdad que tienen las víctimas.

“No veo forma que un tribunal democrático pueda sino declarar la inaplicación del derecho de gracia y, por lo tanto, todo esto continúe [..] Para mí más importante, que incluso decir que la gracia no es aplicable, es este estándar interamericano en el sentido de que no se pueden cortar procesos, porque eso pone en cuestión el derecho a la verdad, el debido proceso y el derecho de las víctimas a conocer lo que realmente aconteció”, argumentó.

Gamarra Herrera recordó, finalmemte, que en este caso existe un pedido de la Fiscalía para que se condene a 25 años de cárcel al expresidente Alberto Fujimori,  en un contexto en el que se plantea que el investigado lleve el proceso con mandato de detención.

“Entiendo que en este caso hay una acusación y en un extremo de ella, la Fiscalía solicita que Alberto Fujimori afronte el juicio en cárcel. Este extremo también tiene que ser objeto de decisión. No será el 26 de este mes, pero sí cuando se discuta formalmente la acusación”, finalizó.

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