Ideeleradio.- El Tribunal Constitucional (TC) no puede convertirse en una tercera instancia y resolver competencias que le corresponden al Poder Judicial, afirmó la exprocuradora Katherine Ampuero, al comentar la decisión que adoptó dicho organismo respecto al habeas corpus presentado por Ollanta Humala y Nadine Heredia.

“Me aúno a la preocupación del presidente del Poder Judicial cuando manifiesta su preocupación en que ya el Tribunal Constitucional estaría como una tercera instancia resolviendo cosas que competen al Poder Judicial”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Coincido con los votos singulares de la doctora Marianella Ledesma, con la opinión crítica de algunas otras personas que consideramos que los estándares han sido elevados, casi estamos pidiendo una perfecta acreditación del delito que se está imputando e investigando”, anotó.

La colaboración y medidas restrictivas

En otro momento, la ex abogada del Estado consideró que es posible utilizar la figura de la colaboración eficaz para dictar medidas restrictivas, siempre y cuando sean corroboradas.

“Sí, es posible utilizar las colaboraciones eficaces o la información que dan los aspirantes a colaboradores eficaces para pedir medidas restrictivas de la libertad como es la prisión preventiva, y siempre y cuando esta declaración que ha dado el colaborador tiene que ser también  corroborada con otros elementos, porque no de buenas a primeras, lo que dice el colaborador a la primera sin corroborar con otros indicios vamos a tomarlo como una verdad absoluta”, refirió.

“Aquí en cuanto al procedimiento de las colaboraciones eficaces de los funcionarios de Odebrecht, el fiscal Hamilton Castro en cada una de las medidas restrictivas de la libertad que ha pedido cada uno de las prisiones preventivas, las ha fundamentado correctamente. Todas estas declaraciones las ha corroborado por otros elementos y esto debemos verlo en sus pedidos, los cuales han sido valorados por el juez de primera instancia”, sostuvo.

Cabe indicar que el documento emitido por la Sala Penal Nacional (SPN) de la Corte Suprema, denominado Acuerdo Plenario Nro 2-2017, que establece lineamientos para valorar las declaraciones de los colaboradores eficaces en los pedidos de prisión preventiva.

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