Álvaro Másquez Salvador - Ideeleradio
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Protección policial

Ideeleradio.- El Instituto de Defensa Legal (IDL) solicitó al Ministerio de Justicia (Minjus) que active el protocolo para la protección de defensores de derechos humanos y se otorguen medidas para salvaguardar la vida de los miembros de la comunidad de Santa Clara de Uchunya (Ucayali) que fueron amenazados de muerte por invasores que les quieren arrebatar su territorio ancestral, informó Álvaro Másquez Salvador, integrante del Área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del IDL.

“Nosotros hemos pedido al Ministerio de Justicia formalmente activar el protocolo para la protección de defensores de derechos humanos. Este es un instrumento nuevo en el que queremos tener confianza, y que lamentablemente solo vincula al sector Justicia, pero puede que puede lograr cierto nivel de incidencia también en el ministerio del Interior”, señaló en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Es vital que haya protección policial en estos casos. Una protección policial, además, que sea culturalmente adecuada al contexto de una comunidad. Tampoco se trata de tener a un Ejército allí instalado. Se ha pedido que se active este mecanismo y se otorgue medidas urgentes de protección. Acá hay un peligro directo a la vida y a la integridad de los defensores, y es peligroso porque esto puede escalar en un nivel alto y muy volátil de conflictividad”, agregó.

Medidas cautelares ante CIDH

En otro momento, confirmó que los miembros de la comunidad de Santa Clara de Uchunya (Ucayali) han solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH).

“La comunidad, hace ya hace algunas semanas, ha presentado una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de derechos Humanos, precisamente porque se ha identificado que hay graves riesgos a la vida, a la integridad, a la salud de las comunidades, y aún más en este contexto de pandemia”, puntualizó.

Másquez Salvador sostuvo, finalmente, que es el Estado el que les debería dar una solución y garantizar sus derechos.

“Este es uno de los casos más emblemáticos que han ocurrido en el país en cuanto de los defensores de derechos humanos. Se trata de una comunidad en la región de Ucayali, en el distrito de Nueva Requena que lo que ha tenido que hacer es enfrentar la expansión de cultivos de palma aceitera dentro de su territorio [que les ha pertenecido ancestralmente]”, explicó.

Cabe recordar que la CIDH evalúa la concesión de medidas cautelares cuando el caso es grave, de suma urgencia y puede haber daños irreparables. Dicho organismo resolverá el pedido cuando tenga toda la información que recopile tanto de la comunidad y la que solicite al Estado peruano.

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