Rocío Meza - Ideeleradio
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Compromiso del Minsa

Ideeleradio.- El Ministerio de Salud (Minsa) debería organizar una mesa multisectorial que defina la atención, desde diversos ámbitos del Estado, a las comunidades indígenas afectadas por el derrame de petróleo del 2016, sostuvo Rocío Meza, abogada del Área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“Hace algunas semanas, un grupo de ellos se acercó a Lima para tener una reunión con el Ministerio de Salud. Ha habido una primera conversación, y el Ministerio de Salud se ha comprometido a viajar a la zona y a evaluar y empezar ya de una vez con las medidas que tiene que tomar”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Esto hay que subrayarlo: se necesitan medidas multisectoriales, porque siempre el tema es el Ministerio de Salud analiza el agua de esta zona, pero [dicen] nosotros no podemos analizar el suelo ni el agua del río, porque le corresponde al ANA (Autoridad Nacional del Agua), al Oefa (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental). Entonces, es bien complicado para los afectados ir de organismo y organismo. Creo que el Minsa, como titular del tema de salud, debería organizar una mesa para facilitar el tema a las comunidades”, apuntó.

Ejecución de sentencia

La abogada anunció, además, que se está procediendo a solicitar de manera formal la inmediata ejecución de la sentencia que ordena atender a las comunidades awajún afectadas por el derrame de petróleo del 2016.

“El Código Procesal Constitucional establece que las sentencias deben ser ejecutadas en forma inmediata, entonces se está procediendo a solicitar de manera formal al juez que exija la inmediata ejecución de esta sentencia, pero también contamos con algo que es casi lo más importante que es la activa participación de los líderes de las comunidades afectadas. Ellos están siempre al tanto y exigiendo que se cumplan estas medidas”, apuntó.

Como se recuerda, el Primer Juzgado Civil de Bagua (Amazonas) que declara fundada en parte la demanda del caso Chiriaco, interpuesta en septiembre de 2017 por representantes de la Comunidad Nativa de Nazareth, así como las de Pakun, Wachapea y Umuaky, con el patrocinio del Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).

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