Álvaro Másquez - Ideeleradio
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No identifican a agresores

Ideeleradio.- Hay una situación general de impunidad en la Amazonía respecto a los casos de violación de derechos humanos, pues las autoridades no han identificado a los responsables de las lesiones, ataques, amenazas de muerte o asesinatos contra defensores del territorio y del medioambiente, dijo Álvaro Másquez Salvador, integrante del Área de Pueblos Indígenas del IDL.

Fue al comentar que, hasta el día de hoy, hay 14 personas asesinadas, a lo largo de todo el país, por defender los derechos humanos en sus territorios.

“Ya hay una situación general de impunidad en la Amazonía, y tiene que ver con los casos de violación de derechos humanos —que son lesiones, ataques, amenazas de muerte, asesinatos [contra defensores del medioambiente]—que, en ningún caso, hasta el día de hoy, cuenta con responsables”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Másquez Salvador cuestionó que las investigaciones del Ministerio Público sean cerradas porque no se puede individualizar las responsabilidades. Señaló que el Estado no tiene ninguna capacidad operativa para poder identificar a los agresores, con lo cual deviene el archivamiento de los casos.

“Esto es lo que ha generado que, hasta el día de hoy haya 14 personas asesinadas, a lo largo de todo el país, por defender los derechos humanos, y de esas 14, 11 han sido asesinadas por organizaciones criminales vinculadas a economías ilegales”, aseveró.

Cabe recordar que el IDL alertó el sábado pasado de un intento de asesinato contra Merino Odicio, comunero de la Comunidad Nativa de Mariscal Cáceres (Ucayali) de la etnia kakataibo.

No hay atención inmediata

Explicó que para los defensores y defensoras de derechos humanos hay políticas específicas desde el año 2019. Recordó que el Ministerio de Justicia aprobó en ese año un primer protocolo para defensores de derechos humanos, que aún como mecanismo intrasectorial no ha logrado efectividad.

El integrante del IDL consideró que, en la práctica, todavía no hay desde el Estado un nivel de atención inmediata para poder atender esta situación que ocurre en las comunidades indígenas, en donde se registran amenazas.

“Lo más novedoso que tenía [ese protocolo] era que [se] podía articular con la Policía, brindar protección policial, pero en la práctica, a dos años de implementación se pudo evidenciar que no ha tenido la efectividad que se había esperado, porque no podía obligar a nadie a hacer nada. Teníamos a funcionarios muy bien intencionados haciendo gestiones, pero no necesariamente les hacían caso”, manifestó.

“Es por eso que, en abril del 2021, se aprobó un mecanismo intrasectorial que ya no solo incluía Justicia, sino que incluya Interior, Ambiente, Agricultura, etcétera, y que esperábamos que este mecanismo intersectorial cambiase las cosas, porque establecía obligaciones directas de las entidades. Con esto formalmente ha cambiado la situación, pero en la práctica todavía no encontramos ese nivel de atención inmediata que urgimos para poder atender esta situación [que viene ocurriendo]”, declaró.

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