Cruz Silva - Junta Nacional de Justicia (Fotos: Ideeleradio - Andina)
Cruz Silva - Junta Nacional de Justicia (Fotos: Ideeleradio - Andina)

 

El quorum

Ideeleradio.- La renuncia de José Ávila Herrera a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se da en un escenario que es muy complejo, porque deja temporalmente sin quorum a esa institución para resolver casos paradigmáticos como el que se le sigue a Patricia Benavides, suspendida fiscal de la nación, sostuvo Cruz Silva, coordinadora del Área Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Fue al referirse a la carta de renuncia de Ávila Herrera, quien sostiene que “lo más prudente y aconsejable” es distanciarse del delicado cargo que ostenta para presentarse ante las autoridades correspondientes, aunque precisa que su salida no significa una aceptación de los hechos que contiene la declaración de Jaime Villanueva.

“Muchos señalan que lo que dice [Jaime Villanueva] ya tiene que tener consecuencias inmediatas. Tenemos que recordar que este personaje [Jaime Villanueva] ya ha demostrado decir medias verdades, medias mentiras y si el funcionario público responde ante ellas, indicando que es inocente y que tiene otra verdad y que tiene como probarla, resulta siendo en este contexto particularmente complejo para la Junta Nacional de Justicia una irresponsabilidad [que renuncie]”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

En otro momento, la abogada del IDL señaló que, con la inhibición de María Zavala, la renuncia de José Ávila y el hecho de quien es ponente no vota, solo quedan cuatro miembros habilitados en la JNJ, cuando el quorum necesario es de cinco integrantes para decidir, por ejemplo, casos como el proceso disciplinario contra Patricia Benavides.

“¿Por qué indico que este escenario en donde Ávila renuncia es muy complejo?, porque el resultado que se produce coincide con las intenciones de los grupos políticos que quieren que las investigaciones claves que sigue la Junta Nacional de Justicia no avancen. En este momento, uno de los casos más paradigmáticos es el de la exfiscal de la nación, Patricia Benavides, y el quorum para poder, en su momento, llegar a una decisión que esté relacionada con la destitución es de cinco votos”, manifestó.

“Ya hay una persona que se ha inhibido desde sus inicios, que es María Zavala […] y ahora con la renuncia [de un miembro] se tiene que de siete habilitados [en la JNJ] para definir esta situación solo quedan cuatro, y se vuelve un imposible jurídico una decisión en ese sentido”, detalló.

La coordinadora de Justicia Viva argumentó, además, que este caso revela los problemas que se advirtieron en el proceso de elección de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, que estuvo a cargo de una comisión especial, que concluyó el 2019.

“Además, quiero señalar, que [esto nos debe llevar a reflexionar sobre] parte de la responsabilidad de lo que viene siendo el tema de la JNJ, desde un inicio y se señaló también desde sociedad civil, es el tipo de elección y de criterios que definieron a algunos de sus integrantes por parte de la Comisión Especial que eligió a la JNJ”, indicó.

Complejiza más

Enfatizó, en ese sentido, que la salida de José Ávila complejiza muchísimo más la situación actual de la JNJ y revela los problemas que existieron en el proceso de elección de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia.

“La salida de Ávila no solamente complejiza muchísimo más la situación actual de la Junta Nacional de Justicia, sino que, además, revela los problemas desde el inicio en el proceso de elección de los mismos integrantes de la Junta Nacional de Justicia”, manifestó.

“Y hago mención de esto, porque recordemos este año se debe conformar esa misma Comisión Especial donde van a estar algunos actores que estuvieron en la primera selección de la actual Junta Nacional de Justicia y que, en consecuencia, no dan garantía de los criterios que vayan a tener para elegir a algunas de las personas que vayan a integrar la segunda composición”, argumentó.

Cabe recordar que la Comisión Especial está formada por el Defensor del Pueblo, quien la preside; el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el contralor general, un rector elegido en votación por los rectores de las universidades públicas licenciadas, y un rector elegido en votación por los rectores de las universidades privadas licenciadas.

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