Cruz Silva - Ideeleradio
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Los méritos

Ideeleradio.- La ciudadanía no ha tenido tiempo para enterarse de los méritos que tienen los postulantes, las declaraciones juradas de intereses no se han conocido oportunamente, no se sabe cuáles son los protocolos para la evaluación, y la calificación del curriculum vitae es cuantitativa y no cualitativa, sostuvo Cruz Silva, coordinadora del Área Justicia Viva del IDL.

Fue al advertir una serie de falencias en las bases y el reglamento del proceso de elección de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que se encuentra actualmente en la segunda evaluación del proceso de selección.

“Nos encontramos en este momento en la evaluación del curriculum vitae y para eso, en la página de la Comisión Especial, uno puede ingresar y comenzar a ver las hojas de vida que la Comisión Especial ha subido a esta página web. Cabe precisar al respecto que los documentos que han sido subidos para conocer los perfiles que han postulado recién fueron publicados el viernes pasado [23 de agosto], no obstante que la lista de los participantes se publicó el 15 de este mes”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“En ese sentido, la ciudadanía no ha tenido tiempo de conocer debidamente cuáles son los méritos que los postulantes han presentado en este proceso de selección. Explorando las hojas de vida de la página web, uno puede encontrar muchos documentos referidos a postulaciones, a acreditaciones de conocimientos de capacitación, magister, pero lamentablemente, por ejemplo, no podemos encontrar las tesis que fundamentarían alguno de esos títulos”, añadió.

Curriculum vitae

Silva del Carpio remarcó que en el sitio web tampoco se puede acceder el resumen del currículum de los postulantes, a través de los cuales se pueda ver a cabalidad y de forma ordenada y esquemática su trayectoria.

“Y tampoco de una primera exploración al azar que hemos hecho se han podido identificar los curriculum vitae. Es decir, están los documentos adjuntos que sostienen ese curriculum vitae, pero no está el resumen del currículum para que uno pueda saber a cabalidad y de forma ordenada y esquemática cuáles son, por ejemplo, los trabajos a los cuales todos estos abogados y abogadas han asistido o a asesorías o patrocinios durante mínimamente el último año”, aseveró.

La abogada expresó, asimismo, su preocupación, pues, para la calificación del curriculum vitae solo otorga puntajes por el paso del tiempo o por la cantidad de certificados presentados, pero en base a una calificación cualitativa. Advirtió que tampoco se conoce con exactitud los protocolos de evaluación para la prueba de conocimientos, el currículum y la entrevista personal.

“Y otro problema que hemos visto en el proceso de esta elección está relacionado con la tardanza o la ausencia de publicación de documento esenciales, no solamente para la ciudadanía, sino para los propios postulantes y esto es algo que también mencionó la Misión Internacional de Observación”, refirió.

“Un postulante, si es que postula sin saber cuáles son los protocolos por los cuales se le va a evaluar, la prueba de conocimientos, el curriculum vitae y la entrevista personal va con incertidumbre y a someterse a reglas respecto de las cuales puede después no estar de acuerdo, por la arbitrariedad con la que se vayan a evaluar esas pruebas que vaya a rendir, y nosotros, los integrantes de la sociedad civil, tampoco vamos a tener la oportunidad de poder aportar a esos protocolos que hagan de estas pruebas lo menos arbitraria posible”, apuntó.

La elaboración de las pruebas

Indicó, del mismo modo, que hubiera sido importante que se conozca quiénes son los profesionales que aportaron a la evaluación y cuáles han sido las instituciones públicas o privadas que han sido convocadas para la elaboración de las pruebas.

“Por ejemplo, no importa si es que tienes un artículo de investigación en una revista indexada que haya pasado por rigurosas evaluaciones que entre ellas no solamente acredite que tienes un aporte importante sobre la materia que has investigado, sino que además no has cometido plagio, algo que ha sucedido en otros procesos de elección”, explicó.

“En la evaluación de conocimientos, por ejemplo, lo que no se pudo saber es quiénes son las personas que aportaron a la evaluación, cuáles han sido las instituciones públicas o privadas que han sido convocadas para la elaboración de las pruebas y tampoco se ha conocido cuál es el sistema de seguridad de la cadena de custodia para que no existan los problemas ya conocidos en otros concursos de la filtración de la prueba”, agregó.

Declaración de intereses

La coordinadora del Área Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL) lamentó, asimismo, que las declaraciones juradas de intereses no se hayan conocido desde el primer momento. Subrayó la necesidad de que en este punto se precise cuáles son los patrocinios o asesorías que de forma individual o conjunta han llevado los aspirantes a la JNJ.

“No se ha corregido de forma adecuada. Lo que las bases del concurso solicitan a los postulantes en su momento es presentar ciertas declaraciones juradas, la patrimonial y otra relacionada a la declaración jurada de intereses, pero lamentablemente estas declaraciones juradas de intereses no se conocen desde el primer momento, y tampoco la declaración jurada de intereses obliga a relatar cuáles son todos aquellos patrocinios o asesorías que de forma individual o conjunta han llevado a lo largo de, mínimo, el último año”, señaló.

Advirtió que el que no se haya puesto con claridad en la base del concurso ni en su reglamento el tema del conflicto de interés es una falencia que viene de una falencia previa del concurso.

“Y eso lo señalo, porque esa es una información superimportante que no se ha solicitado ni en el reglamento ni en las bases de concurso, pero a la que sí obliga el Código de Ética de los colegios de abogados, que en uno de sus artículos justamente para prevenir los conflictos de intereses de los abogados o profesionales del derecho que postulan o asumen a cargos públicos se indica de que el abogado tiene que tener la relación no solamente de cuáles son sus patrocinios, sino si es que lo ha llevado conjuntamente, cuál es la materia y, por supuesto, cuáles son las personas patrocinadas o asesoradas”, afirmó.

“Entonces, si bien es cierto y solamente para cerrar en este punto tan importante de conocer los patrocinios de todos los abogados y las abogadas que están postulando o los casos que exjueces —porque hay algunas exjuezas que están postulando para el cargo— han llevado o cuáles son sus mejores sentencias por las que se les debe tener en cuenta para tan importante cargo”, anotó.

El reglamento y las bases

Finalmente, cuestionó que la sociedad civil no haya tenido la oportunidad de poder mejorar el reglamento y las bases del concurso que lleva a cabo la Comisión Especial, pues ambos instrumentos no fueron prepublicados.

“[Como] una de las falencias que se ha demostrado en este proceso no solamente está la cero oportunidad de poder mejorar el reglamento y las bases del concurso que la Comisión Especial dirigida por el defensor del pueblo ha planteado, sino que además uno al revisar las bases del concurso y cómo se revisa o califica por ejemplo el currículum vitae lo que uno puede identificar es que la calificación es meramente cuantitativa, no hay una evaluación cualitativa de los méritos presentados”, explicó.

“Justamente [esto es] sobre cuáles nos parecen los errores más importantes y más cruciales de este concurso. Al inicio ni el reglamento ni las bases fueron prepublicadas para que la ciudadanía tuviera opción de poder aportar y solicitar cambios para justamente promover unas mayores garantías de prevención de conflictos de intereses o de presentación de los méritos, por ejemplo, por las tesis que sustentan estos títulos que los postulantes están presentando”, sentenció.

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