César San Martín - Ideeleradio
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Generar seguridad y objetividad

Ideeleradio.- Cualquier decisión del Poder Judicial no debe afectar las competencias que ya están definidas, dijo el juez supremo César San Martín, al comentar la resolución administrativa del Poder Judicial que ordena que se trasladen los casos de corrupción de funcionarios al Sistema Nacional Anticorrupción.

“[¿Existe la posibilidad de que varias decisiones se puedan revertir en el Poder Judicial?] Las Sala Plena como máximo órgano de deliberación tiene que tomar las decisiones que vea por conveniente y esa es la regla. Obviamente tenemos una serie de situaciones y queremos generar seguridad y certeza, y objetividad. Es importante para la ciudadanía y toda la población”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Podemos hacer mucho, pero tenemos que clarificar lo siguiente: las competencias tienen una reserva de ley y el reglamento o cualquier decisión gubernamental del Poder Judicial no puede afectar las competencias que ya están definidas desde enero del año pasado, solo el legislador las puede modificar”, manifestó.

Los casos de corrupción

El juez supremo afirmó que así se suspenda la vigencia del estatuto de la Sala Penal Nacional, todos los casos de corrupción tienen que ser conocidos por el sistema especializado en delitos de corrupción.

“Desde enero del año pasado se dice que los procesos por corrupción van al sistema y por una lógica, una tradición constante del Poder Judicial, van allá también los delitos conexos de lavado de activos derivados de crímenes vinculados a la corrupción, por la propia característica del delito. Ese es un tema, que así se suspenda la vigencia del estatuto de la Sala Penal Nacional va a estar presente y eso ya estará marcado”, expresó.

“Todos los casos de corrupción tienen que ser conocidos por el órgano creado por la ley,  que es el sistema especializado en delitos de corrupción. Aquí no hay problemas con personas, y con situaciones”, argumentó.

Por otro lado, señaló que la situación de conflicto originado por la Sala Penal Nacional respecto a la competencia de algunos casos, que podría generar la vulneración del principio de igualdad y la seguridad jurídica.

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