Carlos Rivera - Ideeleradio
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Conjunto de informes

Ideeleradio.- Prácticamente desde el Poder Ejecutivo no se ha hecho nada respecto a las recomendaciones que se plantearon en los informes de los organismos internacionales en torno a los hechos ocurridos durante las protestas registradas entre diciembre del 2022 y enero del 2023, advirtió Carlos Rivera, coordinador del Área de Defensa Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“A eso hay que agregarle el nivel de rechazo que hubo desde las autoridades políticas a las recomendaciones y afirmaciones que hicieron el conjunto de informes, salvo el de la Comisión Interamericana que trató de ser un poco ayornado por el Estado, pero en realidad fueron momentos, de verdad, bastante duros para el Ejecutivo y para las autoridades como Boluarte o Otárola la publicación de estos informes”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Y, por lo tanto, además con el dato consabido de que prácticamente no se ha hecho nada de lo que los informes [de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional] estaban recomendando, salvo una materia, que es justamente el desarrollo de las investigaciones a nivel penal”, afirmó.

Las investigaciones

Rivera Paz mencionó, en ese sentido, que las indagaciones de los casos de derechos humanos es uno de los muy pocos ámbitos en los cuales se puede dar detalles. No obstante, advirtió que, desde el Ejecutivo, se están petardeando las mismas.

“Me parece que [el tema de las investigaciones] es uno de los muy pocos ámbitos en los cuales hay, en este momento, que contar, pero desde todo punto de visto eso no está ocurriendo por una decisión de buena voluntad de parte del Ejecutivo”, indicó.

“Podríamos dar múltiples muestras como desde el Ejecutivo se están petardeando las investigaciones. Y, por lo tanto, creo que ese asunto hay que tomarlo en consideración cuando se quiere presumir de algo que en realidad no es como está siendo presentado”, subrayó.

Se buscó reprimir las protestas

Por otra parte, el abogado del IDL señaló que desde el Ejecutivo hubo una decisión política de reprimir las protestas y la movilización ciudadana, con los lamentables resultados que se generaron. Estimó que las declaraciones de las autoridades exponen no solo su presunta responsabilidad política, sino legal.

“La Policía venía de un proceso de formación en temas de derechos humanos y de control de multitudes y manifestaciones, pero creo que hay un elemento de carácter político que ocurre a partir de diciembre que es el que genera las decisiones políticas de que esa movilización ciudadana y esa protesta social tenía que ser reprimida literalmente a sangre y fuego, y ahí tenemos los resultados: más de 50 de muertos en un lapso corto de tiempo”, refirió.

“Creo más bien que lo que han venido diciendo algunas autoridades políticas del Ejecutivo, en realidad yo creo que expone la tremenda responsabilidad no solamente política, sino legal que tuvieron no solamente los jefes militares, sino también las autoridades políticas en la forma y circunstancias como se reprimió la protesta entre diciembre, enero, y febrero de este año”, agregó.

Condiciones diferentes

Finalmente, consideró que el reciente proceder de la Policía Nacional en la marcha del 19 de julio no obedecería a un proceso de aprendizaje, sino a que las condiciones son  completamente diferentes, como la existencia de cuatro informes de organismos internacionales en materia de derechos humanos, y el distanciamiento de los sectores que apoyaban a la presidenta Dina Boluarte.

“Las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana, Human Rights Watch, Amnistía Internacional [emitieron informes]. Es decir, a nivel internacional el Estado peruano fue puesto contra la pared. [Se dio] el inicio de investigaciones de carácter penal en el Ministerio Público, mal que bien y con Patricia Benavides a la cabeza, pero hay investigaciones en la que ya varios jefes policiales están en condición de investigados”, precisó.

“Y lo otro creo que es, obviamente, que Dina Boluarte no tiene el apoyo que tenía en diciembre o en enero. Aquellos que apoyaban a Boluarte ahora están de alguna manera marcando una distancia y, por lo tanto, las condiciones de que la Policía hubiese entrado a un papel represor de manera indiscriminada, como ocurrió en el pasado inmediato, eso hubiese generado sin duda alguna una mayor crisis política y derechos humanos. Creo que han impedido que eso ocurra y han vuelto un poco al patrón que la Policía sabe cómo debe actuar en este tipo de en este tipo de circunstancias”, enfatizó.

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