Ana Piquer (Foto: Ideeleradio)
Ana Piquer (Foto: Ideeleradio)

 

No hay normativa clara

Ideeleradio.-  La Ley 32301, que modifica las funciones la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), hace parte de este patrón de legislación anti-ONG que se ha dado en la región que con la intención de obstaculizar más que de registrar a las organizaciones, sostuvo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“En el informe lo que analizamos principalmente es la última reforma a la Ley APCI y que hace parte de este patrón, de alguna forma, de legislación anti-ONG que se ha dictado entre 2024 y 2025”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Y, bueno, la Ley APCI, bueno, de partida es coincidente con todos los patrones que identificamos en cuanto a cómo se aprobó, en cuanto a las narrativas que se han construido anti-ONG, antiorganizaciones de la sociedad civil. Y también en cuanto a la imposición de requisitos que se hacen básicamente imposibles de cumplir”, apuntó.

Prohíben litigio

Piquer Romo advirtió, en ese sentido, que el Perú es el único país en el que las reformas legales contemplan la prohibición de usar los recursos de la cooperación técnica internacional para litigar contra el Estado.

“Quizá lo más llamativo de la ley peruana, que no está tan regulado de esa forma en otras legislaciones, es la prohibición de litigar contra el Estado, usando fondos de la cooperación internacional”, señaló.

“[La norma de Perú] es la única que entra a ese detalle de entrar al contenido de para qué se usan los fondos [de la cooperación internacional]. Hay otras que regulan los fondos de cooperación internacional, pero a eso de prohibir el uso de los fondos para algo específico es muy particular”, añadió.

Leyes restrictivas

La directora para las Américas de Amnistía Internacional mencionó que el informe “Rompiendo el tejido social: El impacto de leyes restrictivas sobre organizaciones de la sociedad civil en las Américas” analiza los marcos legales restrictivos para debilitar, controlar e incluso desmantelar a las organizaciones de la sociedad civil.

“De hecho, el informe se centra específicamente en países que han implementado legislación anti-ONG, legislaciones que regulan a la sociedad civil, y Nicaragua de alguna forma fue la precursora. Ellos empezaron como en el 2018, ya con las primeras leyes, la última reforma se hizo en el 2024. En ese período, se han cerrado más de 5600 organizaciones, se han confiscado los bienes de esas organizaciones que pasaron al Estado”, informó.

“Y en muchas ocasiones, además, a sus directivos se les desnacionalizó. Entonces, perdieron la nacionalidad nicaragüense y hoy día viven en el exilio, sin posibilidad real de volver a su país porque ya no tienen nacionalidad, y algunos de ellos quedaron apátrida”, precisó.

Intención de obstaculizar

Indicó, del mismo modo, que detrás de este tipo de legislación hay una intención de obstaculizar más que de registrar a las organizaciones no gubernamentales (ONG). Apuntó que no hay claridad sobre los límites de la fiscalización.

“La otra restricción tiene que ver con la obligación de registrar proyectos para poder ejecutarlos y el hecho de que se ha transformado en algo muy discrecional, e incluso arbitrario, por parte de los funcionarios que aplican”, argumentó.

“No hay una normativa absolutamente clara de cuáles son los límites de una fiscalización, de qué pueden exigir. […] En Venezuela, ocurrió algo muy similar al comienzo de la aplicación de la ley, que cada quien recibía solicitudes de requisitos diferentes. Finalmente, hay una intención de obstaculizar más que una intención de registrar a las organizaciones”, subrayó.

Piquer Romo remarcó, finalmente, que pese a la existencia de normas que vulneran el trabajo de la sociedad civil en varios países de la región, las ONG han buscado la forma de resistir y no bajar los brazos en la defensa de las poblaciones vulnerables.

“El tema de la persecución a jueces, juezas, cortes que están poniendo freno a lo que el Estado está haciendo lo hemos visto en El Salvador, en Ecuador. Esta legislación en un entramado de prácticas autoritarias, no entran en el vacío, sino que conectan con toda una serie de prácticas que avanzan a acallar a quienes se perciben como disidencia al gobierno y a reducir los contrapesos existentes en el Estado”, finalizó.

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