Ana Piquer - Dina Boluarte (Foto: Ideeleradio - Andina )
Ana Piquer - Dina Boluarte (Foto: Ideeleradio - Andina )

 

Informe completo

Ideeleradio.- En Amnistía Internacional llegamos a la conclusión de que Dina Boluarte debiera ser investigada penalmente por las muertes de 50 personas ocurridas en las protestas del 2022 y 2023 en Ayacucho, Puno, Apurímac, Cusco, Junín y Arequipa, manifestó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“En Amnistía Internacional llegamos a la conclusión de que Dina Boluarte debiera ser investigada penalmente por responsabilidad criminal por lo que ocurrió [las muertes de 50 personas durante las protestas de diciembre del 2022 y enero del 2023]”, refirió en diálogo con el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“O sea, ese es un informe completo con una argumentación jurídica muy sólida de que ella debiera tener responsabilidad criminal por lo que ocurrió”, apuntó.

Como se recuerda, el 8 de mayo pasado, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó la denuncia constitucional que presentó la entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra la exmandataria Dina Boluarte por los hechos ocurridos durante las protestas de diciembre de 2022 a marzo de 2023.

Grupos vulnerables

Piquer Romo advirtió, en ese sentido, que en el Perú, el Estado ha intentado callar a la gente no solo a través de la ley que modifica las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) en contra de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), sino a quienes se movilizan en las calles.

“También conectando con lo que ocurre y lo vemos también con las leyes anti-ONG, lo vemos también en las protestas que, finalmente, son los mismos grupos históricamente más vulnerables, los que terminan siendo las víctimas una y otra vez”, explicó.

“Y son estos mismos grupos más vulnerables —grupos de mujeres, comunidades indígenas, personas LGTBIQ— víctimas de violaciones de derechos humanos por parte del Estado, que tienen un acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil”, señaló.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional cuestionó, finalmente, que la represión del Estado, entre el 2022 y 2023, haya tenido un componente de discriminación racial brutal.

“Lo vimos en las protestas del 2022–2023, donde murieron tantas personas asesinadas y eso lo documentamos desde Amnistía Internacional. [La represión del Estado] tuvo un componente de discriminación racial brutal. Los muertos eran personas indígenas mayoritariamente”, indicó.

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