Cruz Silva - Ideeleradio
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Una política pública

Ideeleradio.- Lo que corresponde como sociedad civil es solicitar información al Ministerio Público respecto a cuál será el plan de acción de desplegará para resolver a mediano y largo plazo los problemas que identifica la Defensoría del Pueblo respecto a la situación de acceso a la justicia que atraviesan los pueblos indígenas de la provincia de Condorcanqui, en Amazonas, sostuvo Cruz Silva, coordinadora del Área Justicia Viva del Instituto de defensa Legal (IDL).

Fue al referirse al Oficio 316–2023-DP/OD AMAZ que remite la Jefatura de la Oficina Defensorial de Amazonas a la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Amazonas, en un contexto en que se registra un alto nivel de criminalidad vinculada a delitos ambientales y ataques, riesgos o amenazas dirigidas a defensores indígenas o ambientales en la provincia de Condorcanqui, en Amazonas.

“[Lo que se puede hacer es] solicitar de forma particular al Ministerio Público no solamente cuál va a ser el plan de acción para responder de forma urgente a estos planteamientos de la Defensoría del Pueblo y, más que eso, a la necesidad de este territorio, sino cómo es que esto se va a plasmar en la política pública de mediano y largo plazo”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Entonces, estos puntos concretos son importantes que, desde sociedad civil, no solamente el IDL, sino también el movimiento de derechos humanos puede hacer una solicitud de información y en seguimiento de la reacción para los 20 días, y también para mediano y largo plazo”, agregó.

Cabe recordar que la Defensoría recomendó la dotación de fiscales y asistentes en función fiscal y administrativos a las sedes de Santa María de Nieva y Río Santiago, así como evaluar la pertinencia de que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad funcione en Condorcanqui, y disponer la creación de despachos ambientales en dicha provincia debido al alto índice de criminalidad vinculado a delitos ambientales como la minería y tala ilegal.

Ministerio de Economía

Silva del Carpio lamentó, en ese sentido, que la presencia del Estado no haya sido correctamente definida en el país, y consideró que la falencias encontradas por la Defensoría comprometen no solo al Ministerio Público, sino también al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Dicho sea de paso, esta necesidad no es —digamos— desconocida, sino que es una necesidad histórica respecto de espacios donde lamentablemente la presencia del Estado no ha estado debidamente definida”, afirmó.

“Esto no solamente compromete al Ministerio Público, sino también al Ministerio de Economía para que otorgue debidamente los presupuestos, pero también al otro sistema de justicia como, por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia para que, con el presupuesto debido, puedan generar las plazas para que puedan permanecer fiscales titulares en esta zona y no necesariamente deban estar rotando”, apuntó.

La designación de fiscales

La abogada del IDL consideró, asimismo, que el Ministerio Público debería informar cuáles son los criterios de designación de fiscales provisionales en la zona. Indicó que será importante conocer cuáles serán los mecanismos que adoptará el Ministerio Público para que los pueblos indígenas accedan a la justicia.

“Algunas de las también necesidades que vamos a tener que solicitar al Ministerio Público, es cuales son los criterios de designación de fiscales provisionales en estas zonas y cuáles son sus criterios de evaluación, tanto del perfil como del resultado de los objetivos”, refirió.

“Algo que también es importante solicitar, siendo un espacio de sociedad civil, de derechos humanos, es cuáles son las acciones o mecanismos inmediatos, teniendo en cuenta que este territorio está relacionado con alta presencia de población indígena. Es decir, [preguntar] si hay intérpretes, si hay una perspectiva intercultural cual es la identificación del perfil de los líderes que están en mayor vulnerabilidad”, acotó.

La Defensoría

Finalmente, la coordinadora del Área Justicia Viva indicó que se solicitará información a la Defensoría respecto a los otros distritos judiciales en los que han hecho labores de supervisión y se han identificado limitaciones en el funcionamiento.

“Este tipo de recomendaciones tan importantes definitivamente tienen que desarrollarse respecto de otros espacios territoriales del país. En ese sentido, es importante conocer y solicitar acceso a la información a la propia Defensoría del Pueblo, sobre otro tipo de recomendaciones y de visitas que se hayan realizado que focalizan las necesidades del sistema de justicia, sobre todo de la Fiscalía”, mencionó.

“En ese sentido, lo que necesitamos hacer es ampliar, en principio, cuáles son esos otros puntos territoriales donde la Defensoría del Pueblo ha tenido este tipo de intervención y evidenciado los retos y las falencias del sistema de justicia”, precisó.

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