Durante una entrevista televisiva, la congresista Kelly Portalatino, del partido Perú Libre, comentó sobre la intervención de la Fiscalía en Palacio de Gobierno, como parte de sus investigaciones de una presunta injerencia del Poder Ejecutivo en una licitación. En ese sentido, Portalatino señaló: “En […] ningún gobierno, durante los 30 años, se ha evidenciado que la Fiscalía, ya sea de corrupción o lavado de activos, haya ingresado a Palacio [de Gobierno]”. Tras revisar los antecedentes sobre el tema, la red Ama Llulla concluye que esta versión es falsa. 

Las declaraciones de la congresista Portalatino figuran en la siguiente transcripción: 

Si la Fiscalía ha ingresado, porque ha ingresado, que ha tenido un tiempo de trámite protocolar porque así siempre sucede en estos casos […]. Creo que este es un momento democrático, y también, en un estado de derecho que nos encontramos en estos momentos; que ningún gobierno, durante 30 años, se ha evidenciado que la Fiscalía, ya sea de corrupción o lavado de activos, haya ingresado a Palacio [de Gobierno]“. 

Sin embargo, esto no es cierto 

La congresista hacía una referencia a lo ocurrido el último 20 de diciembre, cuando el Ministerio Público intervino en las oficinas de Palacio de Gobierno y de la empresa Petroperú para recopilar evidencias por una presunta injerencia del Poder Ejecutivo en el proceso de selección para la adquisición de biodiesel B100 a la empresa Heaven Petroleum Operators S.A., lo cual se conoce ahora como el Caso Petroperú.

Pero esta no es la primera vez que la Fiscalía ejecuta diligencias de ese tipo en la sede principal del Ejecutivo. Existen al menos dos antecedentes, ocurridos durante el mandato del expresidente Martín Vizcarra, en el año 2020. 

El objetivo de esas acciones fue reunir información en el curso de las investigaciones fiscales por el delito contra la administración pública y corrupción de funcionarios. 

A inicios de junio del 2020, la fiscal provincial Janny Sánchez, de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Fecof) de Lima Centro, intervino las oficinas administrativas de la Secretaría General de Palacio de Gobierno y el Ministerio de Cultura (MinCul), como parte de la investigación preliminar por presuntas irregularidades en el proceso de contratación de los servicios del artista Richard Javier Cisneros, conocido como Richard Swing.  

La Fiscalía sostuvo que Cisneros habría sido contratado de manera directa a través de nueve órdenes de servicios por un monto total de S/ 175 mil 400, entre los años 2018 al 2020. Esto, como resultado de sus contactos y tratativas previas desde Palacio de Gobierno hacia el Ministerio de Cultura.

Por esta razón, se incluyó en las pesquisas a exfuncionarios que trabajaban en la sede de Gobierno: Mirian Maribel Morales, exsecretaria general de Palacio; Óscar Manuel Vásquez, excoordinador de prensa y comunicaciones; y a Karem Roca Luque, exasistente administrativa del expresidente Vizcarra. 

De acuerdo con un comunicado difundido entonces por el Ministerio Público, la diligencia fiscal en Palacio de Gobierno se realizó el 21 de junio del 2020, a las 4:40 p. m., en la oficina de la Secretaría de la Presidencia de la República, donde se recabó información documental como la agenda de trabajo y el registro de visitas. 

La intervención fue dirigida por tres fiscales que contaron con el apoyo de otros dos peritos informáticos forenses de la Gerencia de Peritajes del Ministerio Público y efectivos de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional. 

En paralelo, la intervención en el Ministerio de Cultura se realizó en la mañana en las oficinas de Abastecimiento, Recursos Humanos y la Secretaría General. Las autoridades recopilaron documentos digitales sobre la contratación de Cisneros desde el 2018, y el video de su última conferencia motivacional en mayo del 2020.  

De hecho, varios medios de comunicación nacional como El Comercio, RPPNoticias, Gestión, entre otros dieron cuenta de la diligencia en Palacio de Gobierno. 

El segundo antecedente se produjo un mes después, en julio del 2020, cuando el fiscal Reynaldo Abia, titular de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Fecof) de Lima Centro, realizó una diligencia en Palacio de Gobierno como parte de una investigación preliminar por el delito contra la administración pública por las presuntas irregularidades en la contratación de los hermanos Jorge Mere Vidal y Claudia Mere Vidal, expareja y excuñada de la secretaria general del despacho presidencial, respectivamente.

Esto con base a un reportaje del medio Panorama que reveló que Claudia Mere habría sido contratada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones desde el 2017, cuando Morales ocupaba el cargo de Directora de Asuntos Socio Ambientales perteneciente a dicho portafolio; mientras que Jorge Mere Vidal habría obtenido remuneraciones elevadas en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y, al momento de la intervención fiscal, se desempeñaba como funcionario del área de comunicaciones del Programa de Saneamiento Rural de esa cartera. 

Por esta razón, la Fiscalía también recabó expedientes, órdenes de servicios y otros registros sobre la contratación de los hermanos Mere Vidal, tras las diligencias en los dos ministerios en mención. Según la nota de prensa del Ministerio Público, las pesquisas contaron con el apoyo de la fiscal adjunta, un perito informático forense y de efectivos de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor). 

Incluso, el fiscal Reynaldo Abia brindó detalles sobre la intervención en una rueda de prensa en la que fue consultado sobre la investigación fiscal. “Todo lo que estamos haciendo el día de hoy es indagar, y sobre todo, asegurar algunos medios probatorios o elementos de convicción, por ejemplo, documentales o algunos registros de entradas o ingresos de personas”, dijo el fiscal a Canal N.

Consultado para esta verificación, el fiscal superior Omar Tello, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, confirmó que realizaron estas intervenciones en Palacio de Gobierno durante el año 2020. Además, explicó que estas intervenciones inmediatas también han sido ejecutadas en ministerios y otras entidades públicas. 

“Lo que se quiere con esta nueva modalidad de trabajo es ser más eficiente en el aseguramiento de la evidencia. Y con esa finalidad se realiza la intervención de manera inmediata. El fiscal tiene las facultades para efectuar y solicitar la exhibición e incautación de la información que considere cuando es pública”, aseguró a Ama Llulla el fiscal Tello. 

Ama Llulla solicitó a la congresista Portalatino precisiones sobre su afirmación a través de una alerta en redes sociales, llamadas telefónicas y vía la red de mensajería WhatsApp, pero al cierre de esta verificación no se obtuvo respuesta. 

En función a lo expuesto, la red Ama Llulla concluye que la versión de la congresista Kelly Portalatino, del partido Perú Libre, acerca de que antes del Caso Petroperú la Fiscalía nunca había intervenido Palacio de Gobierno es falsa.