Por Red Ama Llulla

Durante una reciente entrevista, la congresista Rosangella Barbarán fue consultada sobre los errores y delitos cometidos durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori. En ese marco, Barbarán indicó que Fujimori Fujimori cometió errores, pero no delitos y lo sustentó con la siguiente afirmación: “Las pruebas [por los casos que fue sentenciado Alberto Fujimori], hasta el día de hoy, no lo inculpan a él”. Tras revisar a detalle las sentencias contra Fujimori, Ama Llulla concluye que esto es falso.

Contrario a lo mencionado por Barbarán, el propio expresidente y líder histórico de su partido ha reconocido haber participado en los hechos que se le imputaron en tres de las sentencias que lo encontraron culpable. Estas tres decisiones judiciales y los extremos reconocidos por Alberto Fujimori son detallados a continuación:

Usurpación de funciones de un representante del Ministerio Público

En la sentencia dictada por la Corte Suprema en diciembre del 2007, Fujimori aceptó haber dirigido y coordinado un allanamiento ilegal a los inmuebles de Vladimiro Montesinos en septiembre del 2000, justo después de que se difundiera el primer ‘vladivideo’ Kouri-Montesinos.

Según la acusación fiscal, Fujimori intentaba borrar evidencia que comprometiera a su gobierno con actos delictivos. Para lograr su cometido, Fujimori interceptó la orden judicial emitida por un juez penal que ordenaba el allanamiento y la captura de Vladimiro Montesinos Torres, evitando así que el Ministerio Público tomara conocimiento.
Posteriormente, ordenó a militares e integrantes de la Policía Nacional cercanos a él que extrajeran videos o bienes susceptibles de ser incautados de los inmuebles de Montesinos.

Fujimori reconoció que ordenó directamente al comandante Manuel Ulises Ubillús Tolentino —quien además era abogado y Director General de Asesoría Legal de la Casa Militar— que participara del allanamiento y se hiciera pasar por fiscal para realizar la intervención. Así lo hizo Ubillús Tolentino quien participó del operativo ilegal vestido de civil y portando su medalla de abogado, buscando emular a un fiscal, según detalla la sentencia.

Las declaraciones de Fujimori coincidieron con las de otros cinco imputados que participaron en el ilícito, entre los que se encontraban tres edecanes del Palacio de Gobierno.

Cabe señalar que de dicha intervención se extrajo un número indefinido de maletas y cajas pertenecientes a Montesinos que fueron recibidas por Fujimori Fujimori en la Base Naval del Callao. Tampoco quedó constancia de los bienes extraídos, que fueron entregados a las autoridades judiciales una semana después.

Pago a Montesinos con dinero público

En la sentencia de julio del 2009, emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, el expresidente Fujimori también aceptó haber autorizado el desvío de fondos del Ministerio de Defensa para que fueran entregados a su exasesor, Vladimiro Montesinos. 

A través del Decreto de Urgencia N. 081-2000 se habilitó al Ministerio de Defensa a usar hasta 69 millones de soles que correspondían a los recursos ordinarios del Estado, con el pretexto de ejecutar un plan de operaciones de seguridad llamado Soberanía, el cual no existió. Dicho decreto contaba con la firma y aprobación de Fujimori y los ministros de Economía y Defensa de ese entonces. 

Posteriormente, el 22 de septiembre del 2000, el general EP Luis Aníbal Muente Schwarz, jefe de la OGA del MINDEF entregó el dinero público extraído, quince millones de dólares, a Vladimiro Montesinos en la sede del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). 

Para este caso, Alberto Fujimori se acogió a la figura de la conclusión anticipada del juicio oral, al aceptar los hechos de la acusación, aunque cuestionó las consecuencias jurídicas de sus actos.

Según la versión de Fujimori, él aceptó pagar con dinero público 15 millones de dólares a Montesinos para que este no diera un golpe de Estado. Agregó que, un mes después, el dinero extraído fue devuelto al erario público y no hubo daño al Estado peruano. 

Compra de medios de comunicación, interceptaciones telefónicas y corrupción de funcionarios

En la tercera sentencia contra Fujimori, de septiembre del 2009, también se acogió a la terminación anticipada y no solo reconoció su participación en los hechos que se le adjudicaban, sino que además aceptó la pena y la reparación civil impuesta.

De acuerdo con la sentencia emitida también por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, el expresidente reconoció haber coordinado y encargado a su asesor Vladimiro Montesinos la adquisición del canal Cable Canal de Noticias CCN-Canal 10 y de la línea editorial del medio de prensa escrita Expreso. Ello como parte de las actividades realizadas para mantenerse en el poder. 

Además, Fujimori aceptó conocer que las transacciones se realizaron con dinero público desviado ilegalmente de los recursos de las Fuerzas Armadas.

La misma sentencia detalla que Fujimori también implementó, junto con Montesinos, el ‘Plan Emilio’, a través del cual se realizaron interceptaciones telefónicas ilegales a periodistas y políticos opuestos al gobierno. En estos actos también estuvieron involucrados comandantes generales de los institutos militares, ministros de Defensa e Interior, y el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional. 

De acuerdo con la sentencia y la acusación fiscal, fue Fujimori “quien tomó la decisión de utilizar el aparato estatal para la comisión de tales hechos ilícitos y, además, fue quien determinó el modo de su ejecución”, pues se beneficiaba directamente con la información a la que accedía. 

Finalmente, dentro de los hechos que Fujimori aceptó se encuentra también la planificación y dirección del “Plan Reclutamiento”, que consistía en entregar dinero ilícito a congresistas de otros partidos para que votaran en favor del gobierno o se integraran a la bancada oficialista. 

El dinero usado para estos pagos provino del SIN y del Ministerio del Interior y Defensa. 

Cabe señalar que durante los procesos judicial Fujimori Fujimori pudo acogerse a la terminación anticipada luego de aceptó todos los cargos que se le imputaban 

Respecto a la figura de terminación anticipada a la que se acogió Fujimori, el abogado penalista Carlos Rivera explicó que esta corresponde a la opción que tiene el acusado de indicar que está conforme con los cargos y pruebas presentados en su contra.  

“Tanto la defensa como el imputado participan de la investigación judicial, en ese proceso se pide a la fiscalía que haga una sustentación del juicio oral, luego de eso, se procede al momento de conformidad. En este, el presidente de la sala consulta al acusado si está de acuerdo con la acusación. Los acusados pueden aceptar, o también rechazar los cargos, como hizo Fujimori para el caso de Barrios Altos y La Cantuta donde se declaró inocente”, señala Rivera. 

Fujimori fue también condenado como autor mediato de las matanzas perpetradas en Barrios Altos y La Cantuta tras el desarrollo de un juicio que duró un año y medio. 

En la entrevista analizada para este chequeo, la congresista Rosangella Barbarán dijo que la sentencia contra Fujimori por autoría mediata era lo único que lo relacionaba con delitos. Pero, como ya hemos explicado, Fujimori aceptó su responsabilidad en tres delitos. 

Además, la figura de la autoría mediata se refiere a la comisión de un crimen por mano ajena, y su aplicación en el derecho peruano no inició con la sentencia a Fujimori. 

“La primera persona condenada bajo las mismas condiciones [que Fujimori], como autor mediato, porque controlaba un aparato de poder organizado, fue Abimael Guzmán. Se usaron los mismos instrumentos legales en la matanza de Lucanamarca, porque Guzmán dio la orden de matar a los campesinos, no mató él directamente. Lo mismo se aplicó al caso Fujimori”, indica. 

Para esta verificación, Ama Llulla intentó contactar a la parlamentaria Barbarán a través de su número personal para solicitar precisiones sobre su afirmación, recordándole que el expresidente Fujimori reconoció los hechos que se le imputaron en las tres sentencias detalladas. Sin embargo, hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta. 

En función a lo expuesto, la red Ama Llulla concluye que la afirmación de la congresista Rosangella Barbarán acerca de que no existen pruebas que señalan a Alberto Fujimori como responsable de los delitos por los que fue sentenciado es falsa. 

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