Carlos Rivera - Ideeleradio
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Violación a los derechos humanos

Ideeleradio.- Los actos de agresión y de grave discriminación contra los ciudadanos venezolanos deberían ser vistos en las fiscalías especializadas en violaciones a los derechos humanos, dijo Carlos Rivera, coordinador del Área Legal del Instituto de Defensa Legal.

Fue al comentar la carta que el IDL y la ONG Veneactiva remitieron a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en el que solicitan que se amplíen las competencias de las fiscalías especializadas.

“[Queremos] hacerle un pedido muy concreto [al Ministerio Público], de que frente a los diversos actos de agresión, ataques que se han venido perpetrando contra ciudadanos venezolanos, lo que correspondería es que desde el Ministerio Público, como la entidad encargada de la investigación de los hechos delictivos, se derive o se otorgue una competencia a las fiscalías especializadas en violaciones a los derechos humanos”, dijo en el bloque Yo También Soy Migrante de Ideeleradio.

Rivera Paz consideró que estos actos de desprecio y de agresión contra la dignidad de los ciudadanos venezolanos deben ser considerados, tomando en cuenta las normas internacionales,  como graves violaciones a los derechos humanos.

“No solo el volumen de personas, de migrantes venezolanos es grande, sino también el afán —desde nuestro punto de vista— inclusive de carácter político de utilizar la problemática de los ciudadanos venezolanos como parte de las campañas políticas y más electorales. Este hecho ha ido generando una serie de actos de desprecio contra la dignidad de estos ciudadanos, pero sobre todo actos de violencia y de grave discriminación contra los ciudadanos venezolanos”, explicó.

“Esto, no solo en el contexto peruano sino también internacional, y teniendo en consideración las normas internacionales, no pueden ser calificados sino como graves violaciones a los derechos humanos y eso creo que el Estado peruano, que ha suscrito los diversos instrumentos internacionales en esa materia, lo tiene que reconocer”, apuntó.

Recordó que las fiscalías especializadas en derechos humanos existen desde el año 2004. Consideró que la ampliación de estas competencias sería una respuesta institucional del Estado para dar protección a estos grupos de personas que están en el Perú desde hace ya bastante tiempo.

El escándalo mediático

Rivera Paz señaló que la relación de los ciudadanos venezolanos con el sistema de justicia ha estado principalmente marcada por el escándalo mediático, que alimenta la percepción de que se está viviendo una suerte de emergencia de seguridad pública como consecuencia de la presencia de los migrantes en el país.

“De ahí [este escándalo mediático] viene ese afán de discriminación, de calificarlos casi a todos como ilegales o delincuentes, lo cual denigra la propia condición de ciudadanos que tienen y de los derechos que tienen. Y probablemente no hay una estadística pública que se conozca [sobre esta situación] y probablemente eso también ha ido marcando la dinámica de la actuación del sistema judicial”, manifestó.

“Lo que queremos ver es justamente la otra problemática. Es decir, ¿qué está pasando cuando los ciudadanos venezolanos y venezolanas son atacados, son afectados o sufren algún tipo de vulneración en sus derechos fundamentales. A mí me da la impresión que es un número muy superior a estas personas que comenten hechos delictivos”, aclaró.

Campaña “Yo También Soy Migrante”

Estas declaraciones las ofreció en el contexto del séptimo programa, El rol del Ministerio Público ante la xenofobia, parte de la campaña “Yo También Soy Migrante”, promovida por la Unión Europea, la Cooperación AlemanaGIZ y el Instituto de Defensa Legal.

Dicha campaña tiene como objetivo luchar contra la xenofobia, dando a conocer los problemas que vive la comunidad venezolana en el Perú.

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