Diego García Sayán - Ideeleradio
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Hay amenazas al viejo estilo de los 90

Ideeleradio.- Sería absolutamente inaceptable que  se destituya a miembros del Tribunal Constitucional por el fallo emitido en relación al caso El Frontón, afirmó el exministro Diego García Sayán.

Fue al comentar la decisión de la  Comisión Permanente del Congreso quien evaluará si aprueba la denuncia constitucional presentada contra cuatro miembros del Tribunal Constitucional por haber emitido una resolución,  en la que dejaron sin efecto el enunciado de una sentencia del 2013 que señalaba que los hechos ocurridos durante un motín en el penal de El Frontón, en 1986, no constituyen delitos de lesa humanidad.

“[¿Le preocupa que puedan sacar a miembros del TC por el caso El Frontón?]  Por supuesto, esos son ese tipo de amenazas del viejo estilo que ya lo vivimos en el Perú, en la década del ’90, cuando se destituyeron a tres magistrados del Tribunal Constitucional, por sus fallos y sus decisiones, en un procedimiento absolutamente inaceptable”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“En este caso, la discusión legitima, que puede haber de acuerdo a la Constitución donde se critica una resolución judicial, no puede ser mezclado con una responsabilidad constitucional que lleve a su destitución”, anotó.

En ese aspecto cuestionó que sería sospechoso que se intente manipular el sistema judicial,  si se destituye a los actuales magistrados.

“Que las personas que vienen impulsando eso en el Congreso tengan en cuenta que dar ese paso, abrirían un elemento de discordia interna y de sospecha, que nadie podría borrar después, de que habría, por parte de la mayoría parlamentaria, la intención de controlar, dirigir y manipular el sistema judicial”, señaló.

Se ha confundido el papel del procurador

En otro momento consideró que el  fiscal  goza de  autonomía respecto a su actuación, a diferencia del procurador,  que está  vinculado al gobierno y que es el encargado de las reparaciones a favor del Estado.

“La procuraduría es un ente conectado al gobierno.  De manera que si hay un procurador o procuradora que está actuando en contra de las normas que el Estado ha dado sobre los procedimientos para reparaciones, el Estado está en el perfecto derecho de prescindir de los servicios de esa persona”, comentó.

“La procuraduría, en la etapa de la lucha anticorrupción de los 2000, aportó elementos de información muy valiosos para consolidar los procesos de investigación. Y jamás se puso, en el plan de desarrollo, una política alternativa, o de sustentar sus decisiones y puntos de vista con  asuntos biológicos como los ovarios o los poderosos testículos de  un procurador”, puntualizó.

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