Cruz Silva - Ideeleradio
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La nueva Junta Nacional de Justicia

Ideeleradio.- Hay una especie de copamiento de las altas autoridades del sistema de justicia, cuya parte casi final es la elección del defensor del pueblo, y seguidamente, la elección de la nueva Junta Nacional de Justicia (JNJ), opinó Cruz Silva, coordinadora del Área Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“La primera observación que se hace aquí es que el proceso de elección de la Defensoría del Pueblo es la parte casi final de un proceso de copamiento de las altas autoridades del sistema de justicia y que no termina solamente con la gravedad de lo que significa un defensor del pueblo que no sea independiente del poder político, sino que, y recordemos, el defensor del pueblo preside la comisión que, a finales del próximo año, va a elegir a la nueva Junta Nacional de Justicia”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[La Junta Nacional de Justicia] que justamente es la institución, que va a ejercer y tiene que ejercer el control de jueces y fiscales, que todavía están involucrados y siendo investigados en las presuntas redes de corrupción que en su momento evidenció en parte el caso Cuellos Blancos”, agregó.

Una especie de copamiento

Silva del Carpio señaló, en ese sentido, que el país está siendo testigo de “una especie de copamiento del sistema de justicia desde el año pasado” al que se suma el concurso para elegir al defensor o defensora del Pueblo.

“Lo que nosotros estamos siendo testigos es una especie de copamiento del sistema de justicia desde el año pasado, y por eso hago una breve mención, porque lo de la Defensoría del Pueblo se suma a este proceso silencioso”, expresó.

“Desde el año pasado se ha realizado una serie de nuevos nombramientos y elecciones de autoridades del sistema de justicia, Fiscalía de la Nación, Poder Judicial, presidencias de cortes superiores, de distritos fiscales también, pero sobre todo ha llamado la atención de que altas autoridades como Fiscalía de la Nación, Poder Judicial e incluso la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público recaiga en personas que lamentablemente o no dan garantía de un actuar independiente imparcial del poder político, por ejemplo, o no tienen un compromiso evidenciado sobre la independencia del sistema y la lucha contra la impunidad de diversos crímenes, como la corrupción o de graves violaciones a los derechos humanos. En ese sistema es que ahora está cayendo la elección de defensor del pueblo”, indicó.

Responsabilidad del Congreso

La abogada subrayó, asimismo, que hay que tener en cuenta que si los recientes procesos de elección del defensor del Pueblo han sido tan cuestionados es por exclusiva responsabilidad del propio Congreso de la República.

“Hay que tener en cuenta que este proceso de elección si es que es tan cuestionado es por exclusiva responsabilidad del propio Congreso. Y este Congreso lo que tiene desde su nacimiento es que está vinculado con grupos particulares de diversa naturaleza de poder, que están involucrados con el sistema de justicia, sobre todo como investigados”, mencionó.

“Esto sin contar, dicho sea de paso, que existe una medida cautelar, por parte del Poder Judicial, que ordenó suspender el proceso de selección a las diversas comisiones para que se tuviera el espacio de definir la resolución final, que todavía no es emitida, de una demanda de amparo presentada por el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo”, puntualizó.

Sentencia del TC

Finalmente, recordó y cuestionó la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró fundada la demanda competencial planteada por el Congreso contra el Poder Judicial, en el contexto de las decisiones judiciales emitidas respecto a la elección del defensor del Pueblo y la reforma de la Sunedu.

“En efecto, se ha hecho mención a la sentencia del Tribunal Constitucional que, dicho sea de paso, no es una sentencia que haga un precedente vinculante, no es una sentencia por unanimidad, es una sentencia que tiene incluso discrepancias desde dentro de esta institución”, aseveró.

“Y es una sentencia respecto de la cual Jusdem, que es la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia, la propia Corte Suprema —si es que no en unanimidad, sino en mayoría— e incluso la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones de sociedad civil han identificado que es una sentencia que tiene serios visos de irregularidad frente al control del poder. Prácticamente en los hechos identifican al Congreso como un ente autócrata, autoritario por sobre todos los demás otros controles de un sistema democrático y eso es lo que lamentablemente, como he señalado, se está generando la elección de defensor del pueblo”, declaró.

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