Gloria Cano - Ideeleradio
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Había un compromiso del Estado

Ideeleradio. – Es contradictoria la sentencia emitida por la Sala Penal Nacional que declaró fundada como cosa juzgada la responsabilidad del oficial, Luis Chávez Velásquez de la matanza de pobladores en la Base Militar de Huancapi (Ayacucho), sostuvo la directora ejecutiva de Aprodeh, Gloria Cano, tras no descartar que apelaran la decisión.

“El día de ayer, la Sala Penal Nacional declaró fundada la cosa juzgada en el caso Huancapi. Es decir, le da valor a la sentencia que emitió el Poder Judicial en el año 1995, la cual dice que no fue Luis Chávez Velázquez, sino Sendero Luminoso él que secuestró y desapareció a los profesores, de dicha localidad”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

La abogada de Aprodeh en ese sentido señaló , que en un extremo de la sentencia,  se ordena al Ministerio de Justicia a la búsqueda prioritaria de los cuerpos, lo cual resulta contradictorio.

“Se dice que el Estado tiene la obligación de reparar económicamente a las familias y la obligación de buscar los cuerpos y ordena al Ministerio de Justicia, la búsqueda prioritaria de los cuerpos. Lo que no entendemos es que si fue Sendero Luminoso el que los secuestró, ¿por qué el Estado tendría que pagar una reparación civil? O sea, hay una contradicción ahí”, manifestó.

En ese sentido, la abogada de Aprodeh recordó a los magistrados,  que este caso,  se reabrió gracias al acuerdo entre el Estado Peruano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Hay que recordar que este caso se abre a raíz de un acuerdo de solución amistosa que hace el Estado peruano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Luego de esto el Estado peruano suscribe en el 2001 un comunicado con la comisión diciendo:  vamos a reabrir, vamos a investigar y vamos a sancionar” acotó.

Como se sabe, la Sala Penal Nacional emitió ayer su sentencia sobre el caso Huancapi, en el que se acusa a miembros del Ejército de secuestro, homicidio y desaparición forzosa de siete pobladores del distrito ayacuchano, producido en 1991.

El tribunal integrado por los jueces Marco Cerna Bazán, Omar Pimentel Calle y Alfonzo Payano Barona resolvió el archivamiento definitivo de este caso, que en 1995 absolvió a los militares involucrados, amparándose en el principio de “cosa juzgada”.

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