Yván Montoya -Tribunal Constitucional (Fotos: Ideeleradio)
Yván Montoya -Tribunal Constitucional (Fotos: Ideeleradio)

 

Estamos ad portas

Ideeleradio.- La decisión que tome el Tribunal Constitucional (TC) hay que verla con muchísimo cuidado, opinó Yván Montoya, exintegrante de la Procuraduría Ad hoc, al referirse a la demanda competencial que presentó el Ministerio Público, liderado por la fiscal de la nación, Patricia Benavides, contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

“Estamos ad portas de saber lo que va a decidir el Tribunal Constitucional seguramente. No sé cuándo lo programará, pero el Tribunal Constitucional tiene una serie de sospechas. Efectivamente, una serie de sospechas de actuación conforme a, digamos, intereses […] por los cuales ellos fueron elegidos. Entonces, esa es una sospecha que no se me retira fácilmente. Por lo tanto, su decisión hay que verla con muchísimo cuidado”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Como se recuerda, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) acordó, el 1 de setiembre pasado, admitir a trámite la demanda de conflicto competencial presentada el 16 de agosto por la fiscal de la Nación contra la JNJ. Dicha demanda busca anular dos investigaciones que se le siguen a Patricia Benavides referidas a los cambios realizados dentro del Equipo Especial que ve el caso Cuellos Blancos y por el cambio de la magistrada Bersabeth Revilla.

Medida cautelar

Montoya Vivanco mencionó, en otro momento, que algunos juristas han advertido “una serie de vicios” en la decisión del Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima que dispone, de forma provisional, la inmediata suspensión de las investigaciones a Patricia Benavides.

“Creo que, efectivamente, le ha ganado la iniciativa a la Junta Nacional de Justicia en lo que puede ser la defensa de fueros o la actuación dentro de sus competencias de la Junta. Creería que hasta donde tengo entendido la decisión de la jueza de aceptar como una medida cautelar para paralizar la investigación administrativa sancionadora que se viene realizando la Junta Nacional de Justicia tiene una serie de vicios, [tiene] una falta de motivación.”, señaló.

“Hasta donde he escuchado y he leído la fundamentación de constitucionalistas que han leído con acuciosidad esa decisión, [en la sentencia se] han citado normas ya no vigentes. Eso es muy grave como motivación para esa toma de decisión. Por ese lado, hay cuestionamientos incluso a ese pronunciamiento de esa decisión judicial”, apuntó.

Caso Bersabeth Revilla

El abogado comentó, en otro momento, la decisión de la fiscal de la nación, Patricia Benavides, de retirar, en julio del 2022, a Bersabeth Revilla del despacho de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos.

“De algo que fue bastante evidente, un comportamiento indebido de parte de la fiscal de la nación respecto de retirar a una fiscal que conocía el caso en la que estaba involucrada en una investigación penal su hermana, que fue creo que a todas luces y objetivamente indebida. Estamos ahora en una posición en la que ella efectivamente ha cercado, ha generado una serie de bloques para impedir esa investigación”, mencionó.

“Creo yo que hay decisiones, en el caso de la Junta Nacional de Justicia, de investigar por una toma de decisión de esta naturaleza que, por más que tenga que ver con asuntos administrativos por parte de la Fiscalía de la Nación, son aquellas que no tienen que ver solo con la organización de la estructura de la Fiscalía de la Nación, [como] crear una fiscalía especializada, crear un equipo aparte. No tiene que ver con eso o este rotar a un personal determinado, en fin”, acotó.

Competencias de la JNJ

Finalmente, analizó las competencias y las funciones de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en el inicio de investigaciones preliminares contra la magistrada Patricia Benavides respecto al cambio de fiscales.

“[El retiro de un fiscal] tiene que ver con decisiones que involucran la administración de justicia. Es decir, tiene que ver con el retiro de un fiscal en plena actuación de sus funciones y que puede tener un impacto, efectivamente, sobre la objetividad de la Fiscalía respecto de un interés en la que tiene un interés personal”, explicó.

“Entonces, no se trata de una decisión administrativa pura y dura, propia de la gestión administrativa, se trata de una decisión que tiene repercusiones evidentes con la administración de justicia, en este caso con el desempeño de roles funcionariales de fiscales. Es decir, es como una interferencia en una actividad fiscal en la que se juega el carácter objetivo de esta investigación. Entonces, no es simple decir que está involucrándose en sus fueros administrativos, está involucrándose en un proceso de investigación que tiene que ver con competencias funcionales que sí son competencia de la Junta Nacional de Justicia en mi concepto”, puntualizó.

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