Yván Montoya - Ideeleradio
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Elementos probatorios

Ideeleradio.- La Fiscalía tendrá un mejor panorama con los videos que entreguen los ciudadanos sobre la intervención de la Policía Nacional del Perú en las movilizaciones, dijo Yván Montoya, exintegrante de la Procuraduría Ad hoc, al referirse a las investigaciones de la muerte de dos jóvenes y de las lesiones causadas a los manifestantes.

“Hay muchísimos jóvenes que están alcanzando sus elementos probatorios, como videos en celulares. Hay personas que vivían cerca en el centro [de Lima] y están aportando los videos de las cámaras de sus edificios que han podido registrar eventos como el de gaseado desproporcionado a estudiantes que estaban en algún momento sin mayor ejercicio de violencia”, señaló en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Es un episodio de investigación en la que hay muchísimo que se está aportando, por lo tanto, la Fiscalía va a tener un mejor panorama para saber hasta dónde avanza”, acotó.

A cargo de la Fiscalía

Precisó que la investigación está básicamente a cargo de la Fiscalía, pues este es un caso en donde la imparcialidad policial podría resultar complicada.

“El protocolo de investigación, creo que lo dijo la PNP en su conferencia, en estos casos para la Fiscalía no pasa por el apoyo de los miembros de la Policía Nacional. En realidad, la investigación está básicamente a cargo de la Fiscalía, porque son sus propios colegas, es muy complicada, la imparcialidad policial en este caso como investigación”, refirió.

“Por lo tanto, la Fiscalía la va a asumir casi de manera entera; está haciendo su propio recaudo probatorio, por supuesto que va a recibir los recaudos de la Policía y los va a contrastar con todo lo que recaude vía testimonio”, indicó.

Subrayó que el sistema judicial de derechos humanos tiene precedentes y experiencia. Recordó el trabajo de la Fiscalía en el marco de los casos que vio respecto a hechos ocurridos en los ochenta y noventa.

“Por lo tanto, la Fiscalía ya creo que se maneja mejor en estos casos después de haber tenido una o dos décadas de juzgamiento en casos de violaciones graves de los derechos humanos, que fue lo que heredamos de la década de los 80 y 90. Creo que ya es un sistema judicial que tiene precedentes, tiene prácticas”, señaló.

Las hipótesis

Explicó, en líneas generales, que la Fiscalía podría ir enmarcado eventualmente el caso en dos posibilidades. Mencionó que ambas giran en torno a que un presidente, sus ministros y otros funcionarios, al asumir sus cargos, inmediatamente se hacen garantes de la seguridad y de la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Comentó que la Fiscalía tiene que determinar y preguntar de dónde partieron las disposiciones, autorizaciones o anuencias que estarían vinculadas a que habría habido un eventual ejercicio abusivo y desproporcionado de la fuerza. Opinó que es posible una construcción indiciaria de una autorización sin necesidad de un documento escrito. Anotó que podría haber también un supuesto de omisión.

“Cuando [Manuel Merino] nombra a su primer ministro, inmediatamente se hace garante de la seguridad y de la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos, y eso puede seguir en la línea hacia abajo: ministro del Interior, comandante, jefe regional. Todos ellos asumen inmediatamente la posición de garante de la protección de los derechos de los ciudadanos y seguridad”, dijo.

“Segundo. ¿Cuánto era previsible a Merino y luego a su gabinete, considerando además las actuaciones que van desde las primera manifestaciones del ejercicio del derecho de protesta? ¿Cuán advertible era, cuán previsible era la realización de actos multitudinarios de ejercicio del derecho de protesta, para poder advertir los riesgos que pueden existir de la intervención policial?”, manifestó.

Previsibilidad del riesgo

Estimó que un tema que podría analizar la Fiscalía estaría vinculado a la previsibilidad del riesgo desde que se dio la primera manifestación.

“Toda intervención policial frente a determinadas manifestaciones genera algún riesgo. Por lo tanto, inmediatamente se activa, dado que tienen esa posición de garantía en línea, los deberes del cuidado para evitar desenlaces fatales. Eso significa que, si bien no tienen protocolos o deberían tenerlos no lo sé, planes, operativos, directivas, órdenes, ¿cuáles se dieron, qué precauciones y qué prohibiciones se establecieron claramente? Eso, seguramente, la Fiscalía está requiriendo. Por lo tanto, eso es lo que exige que las investigaciones se hagan desde arriba también”, apuntó.

“Las responsabilidades pueden ser a nivel omisivo, también [un funcionario] se hace responsable por no evitar algo que era advertible que podría ocurrir. Es importante, siendo advertible los riesgos que puedan involucrarse con la intervención policial, y no señalar medidas de cuidado, planes, directivas —digo en hipótesis— hace responsable también a las personas por omisión”, insistió.

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