Yván Montoya - Ideeleradio
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Había ausencia de control

Ideeleradio.- Los cambios hechos por el Congreso de la República a la Ley de Reconstrucción lograron revertir los serios problemas que tenía el proyecto del Poder Ejecutivo vinculados al control de la corrupción, sostuvo el exintegrante de la Procuraduría, Yván Montoya, tras considerar que la norma le da a la Controlaría General de la República un rol más activo en la reconstrucción.

“El proyecto que envió el Ejecutivo tenía serios problemas, como el vinculado al control de la corrupción. Sabemos que siempre hay una tensión en este tipo de contextos de urgencias y de apremios, hay dos factores que generan riesgo alto de corrupción, la concentración de fondos que se van a disponer y la ausencia de control”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“En gran medida, creo que se ha superado esa parte vinculada a la supervisión, efectivamente había serios límites a la  facultad de control por parte de la Contraloría, solo para un control simultáneo. El control simultáneo es básicamente una suerte de acompañamiento en las primeras manifestaciones, pero el control más profundo y cabal se hace como control posterior, incluso el control que no es solo el control legal, sino el técnico”, explicó.

En ese sentido, Montoya Vivanco dijo que el proyecto de ley final aprobado por el Congreso logró poner los controles necesarios que debe tener la reconstrucción para evitar actos de corrupción.

“La Contraloría tiene un staff de técnicos de alto nivel para también hacer ese control técnico, ambos controles, el control posterior y el control técnico. Estaban suprimidos en el proyecto original, entiendo que eso se ha levantado en el proyecto aprobado por el Congreso”, acotó.

Como se recuerda, el Parlamento aprobó este martes el texto sustitutorio de la propuesta del Gobierno para la reconstrucción de las zonas afectadas por el Niño Costero. Las modificaciones del Parlamento, aprobadas con 90 votos a favor y 18 en contra, incluyen la participación de los gobiernos regionales y locales, y amplía los plazos de fiscalización de la Contraloría.

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