Wilmer Quiroz - Ideeleradio
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Acceso a la justicia

Ideeleradio.- La Tercera Fiscalía Supranacional Contra el Crimen Organizado debería actuar con mayor celeridad en la investigación e identificar a los responsables del asesinato de Quinto Inuma Alvarado, apu de la comunidad nativa Santa Rosillo de Yanayacu, perteneciente al distrito de Huimbayoc (San Martín), dijo Wilmer Quiroz, abogado de la familia de dicho defensor ambiental.

“A partir de los primeros días de diciembre, la Fiscalía, la Tercera Fiscalía Supranacional Contra el Crimen Organizado asume competencia y dirige las investigaciones en Tarapoto y lamentablemente ya estamos ad portas de cumplir, desde el 29 de noviembre del año 2023, cerca de dos meses en el que no se tienen noticias en realidad cuál es la situación actual de justicia en relación al apu Quinto Inuma”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“El apu Quinto Inuma falleció luchando porque la comunidad sea titulada, porque la comunidad sea reconocida con sus 23 mil hectáreas, porque esa circunstancia le permitía de mejor modo cuidar los bosques. Quinto Inuma siempre combatió la tala ilegal de madera, y ahora cegado una vez la vida, el Estado aún sigue con esta omisión de que no se permite el acceso a la justicia, cuando los responsables no son sancionados de modo alguno o cuando el Ministerio Público, que está a cargo de la investigación, no pone celeridad en el caso en particular”, apuntó.

Defensor de derechos humanos

Quiroz Calli consideró, asimismo, que el Ministerio de Justicia debería ser uno de los entes llamados a pedir celeridad a la Fiscalía, toda vez que el Estado había sido alertado de las amenazas que había recibido Inuma Alvarado y no se le protegió como defensor de derechos humanos.

“¿Qué pasa con personas que tenían garantizado, digamos, de algún modo, el resguardo de su integridad física? Creo que el Estado debe tomar mayor celeridad. Es decir, el Ministerio de Justicia tiene una gran responsabilidad aquí, no solamente en un atrio estatal, sino una gran responsabilidad en requerir al Ministerio Público que se pronuncie de manera inmediata en relación al caso del apu Quinto Inuma”, declaró.

“No lo cuidaron, y ahora ni siquiera exigen que se haga justicia en relación al asesinato cruel que ocurrió en contra de Quinto Inuma y al traslado intempestivo de su familia hasta Tarapoto, porque no existen las garantías mínimas de que la familia pueda permanecer en el lugar”, apuntó.

Se comprometieron

El letrado recordó que, después, de ocurrido el crimen las autoridades del Ministerio del Interior como de la Fiscalía se apersonaron al lugar y se comprometieron a tomar acciones inmediatas en las averiguaciones. Por ello, exigió un pronunciamiento.

“Nosotros consideramos que la fecha ya debe haber un pronunciamiento por parte del Ministerio Público, y que se debe de notar, en realidad, el trabajo del Ministerio Público. No se puede esperar que haya falta de recursos o que haya algún tipo de impedimento”, refirió.

“Cuando el apu falleció no dijeron eso. Estuvieron al día siguiente, estuvo el ministro, el ministro se comprometió a investigar de manera inmediata, los fiscales dijeron que iban a hacer las acciones inmediatas y no puede ser que, cerca de [cumplirse] dos meses, digan que aún están esperando presupuesto o están esperando que haya determinada acción o determinado análisis todavía para poder requerir la sanción a los responsables de este asesinato tan cruel que ha ocurrido”, añadió.

Otros casos

Wilmer Quiroz remarcó, del mismo modo, que la Policía y el Ministerio Público deberían actuar en este caso como en otros en los que, en corto tiempo, se han individualizado las responsabilidades y se han solicitado las respectivas prisiones preventivas.

“Yo creo que lo que pasa es que en la Fiscalía de Crimen Organizado, que está a cargo de la coordinación del doctor Chávez Cotrina, falta voluntad. Cuando la Policía y el Ministerio Público se juntan, como se señala que es el binomio de la investigación, se pueden cumplir con los resultados, desde detener a los responsables, de investigar a los responsables, de sancionar o requerir la prisión preventiva”, aseveró.

“Los hechos ocurrieron el 29 de noviembre. Estamos ad portas de cumplir ya cerca de dos meses de estos hechos. Entonces, situación distinta vemos en otros casos que, por ejemplo, que con un informe resumido requiere la prisión preventiva; el juzgado les emite la prisión preventiva en los casos de las protestas sociales se han dado de manera inmediata. En 48 horas ya tenían detenidas a las personas ya los tenían formalizados y en muchos otros casos con prisión preventiva”, acotó.

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