Wilfredo Pedraza - Ideeleradio
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No hemos sido cómplices

Ideeleradio.- El juez Richard Concepción Carhuancho debió notificar personalmente al fiscal Germán Juárez Atoche que se había suspendido la incautación de la vivienda del expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, sostuvo el abogado del exmandatario, Wilfredo Pedraza.

“[¿El juez no debió notificar también al fiscal para que detenga el embargo?] Esto está bastante claro, porque el Poder Judicial en ocasiones, incluso anuncia por Twitter decisiones importantes, si no hubo respuesta en la defensa, porque ellos dicen que llamaron a César Nakazaki, hubiera sido interesante una notificación personal al propio fiscal para que suspenda la medida”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Pedraza Sierra rechazó, en ese sentido, la versión que dio un medio de comunicación respecto a que el Poder Judicial y Ollanta Humala y Nadine Heredia estarían siendo una suerte de cómplices para victimizarse a partir de las decisiones judiciales recientes.

“¿No sería irracional suponer o creer que este fiscal que nos pidió prisión preventiva y la incautación haya sido nuestro cómplice —como se ha sugerido en algún otro medio— de ignorar deliberadamente la notificación para proceder a la incautación y proceder a jugar al papel de la víctima?”, se preguntó.

Marcha y contramarcha

En otro momento, el abogado del exmandatario cuestionó que esta decisión dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho no haya considerado el interés de los hijos del exmandatario en su resolución. Descartó que haya habido marchas y contramarchas en el fondo de la decisión de incautación, pero sí hubo en idas y venidas en el tema de la posesión.

“Es verdad que nunca dejó sin efecto la incautación, pero lo que es incontestable —y lo dice su resolución— es que suspendió la desposesión. Eso suponía en la práctica tener 30 días más la condición del inmueble, ese es un dato real, porque nosotros ese mismo día le habíamos pedido una aclaración si es que en la toma de su decisión había tomado en cuenta la protección del interés superior de los niños”, subrayó.

“Y él dice que, en efecto, sobre la base de este principio, era pertinente suspender por 30 días la suspensión del bien, lo cual en la práctica suponía suspender esa medida, y esperar 30 días para exista un traslado ordenado. La verdad marchas y contramarchas al tema de fondo no, pero qué duda cabe sí respecto a la posesión”, acotó.

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